Admitido a trámite el conflicto del Gobierno vasco contra el decreto de tarjetas de estacionamiento para discapacitados

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno vasco contra diversos preceptos del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre del Ejecutivo central, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el

conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno vasco contra diversos preceptos del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre del Ejecutivo central, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

En un comunicado, el alto Tribunal ha explicado que ha acordado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno central, que dispone de veinte días para aportar los documentos y alegaciones que considere convenientes.

El TC ha precisado que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, sobre el que resolverá en próximas fechas.

Además, ha comunicado que ha incoado el conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si, ante ella, estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto.

En concreto el conflicto fue presentado contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; disposiciones adicionales primera, segunda y tercera; disposiciones transitorias primera, segunda y tercera y disposición final primera del citado Real Decreto.

El Ejecutivo vasco aprobó el pasado 10 febrero en Consejo de Gobierno la interposición de un requerimiento al Gobierno central para que derogase por "incompetencia" los citados artículos y disposiciones. Finalmente, tras no ser atendida su petición, recurrió al Tribunal Constitucional.

El Gobierno autónomo entiende que el Gobierno de Rajoy se "extralimita" en su regulación y "no respeta la competencia exclusiva de Euskadi en materia de asistencia social", recogida en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía.

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