Activar el nuevo marco europeo y destacar la importante función social del sector como generador de empleo, así como racionalizar la estructura orgánica de las agencias y empresas públicas —como la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya)— fueron tres de las necesidades más urgentes que la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas (AAEF) de Andalucía puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo este jueves con el grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), antes de la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía.

Dentro de la ronda de conversaciones que AAEF inició con todos los partidos políticos, esta patronal se reunió con dos de los nuevos diputados de esta formación política, responsables del área de medio ambiente, Sergio Romero y José Antonio Funes, ha precisado la patronal en una nota.

En ella, el director gerente de AAEF, Javier Loscertales, remarcó la importancia de poner en marcha programas específicos para la conservación y mantenimiento del medio natural, así como la apertura, de manera inmediata, de los proyectos incluidos en el nuevo marco comunitario Feader 2014-2020. Para ello, destacó la necesidad de que los presupuestos de Andalucía para 2016 tengan previstas partidas para esta materia.

Por otro lado, AAEF ha destacado la importancia de enlazar los programas de actuaciones en el medio natural con otras políticas transversales que promuevan el empleo en el sector medioambiental, dada la alta capacidad de generación de mano de obra que tiene. La asociación entiende que el medio natural andaluz puede contribuir "sensiblemente" a disminuir los datos de desempleo en la comunidad autónoma, "tal y como ha demostrado en los últimos años".

Finalmente, la patronal forestal andaluza también abordó la necesidad de acometer una reestructuración integral de la Amaya, así como revisar sus fines y actividades, limitando la competencia que ejercen para el sector privado.

En este punto, los representantes de C's coincidieron en que "ni la administración pública ni sus estructuras paralelas pueden ser barrera para el desarrollo de la empresa privada, que es la verdadera generadora de empleo en la sociedad". Por ello, compartieron la necesidad de regular sus estructuras y limitar la competencia, "potenciando su función de vigilancia del cumplimiento de la ley y de actuación en aquellas áreas en las que no esté asegurado dicho servicio por la iniciativa privada".