El Pleno del Congreso ha aprobado este la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que limita las imágenes de detenidos con el fin de evitar las llamadas "penas de telediario", si bien la oposición ha acusado al PP de "tratar de lavar la imagen" por sus casos de corrupción. Con 183 votos a favor, 112 en contra y 21 abstenciones, la Cámara baja ha avalado los dos proyectos de ley que modifican la LECrim, una de las principales reformas del Ministerio de Justicia en esta legislatura, aunque lejos de la reforma procesal planteada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, por lo que ahora continuará su tramitación en el Senado.

En el debate, la oposición ha lamentado el "fracaso" y la "oportunidad pérdida" que supone la reforma por incluir "cambios estéticos" a una de las normas "más viejas y decadentes" del ordenamiento jurídico y que data de 1882, aunque el PP ha calificado la reforma de "moderna y garantista".

La norma limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, sustituye el término 'imputado' por 'investigado' y pone fin a las denominadas "penas de telediario", mediante una enmienda entre CiU y PP que contempla adoptar las "medidas necesarias" para respetar la imagen e intimidad durante una detención.

Al respecto, el socialista Manuel de la Rocha ha asegurado que este cambio "trata de lavar la imagen del PP" ya que si no se hubiera detenido al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los populares "no serían sensibles a este asunto". Igualmente, Emilio Olabarría (PNV) ha dicho que esta modificación se ha producido tras los arrestos de "personajes de alto postín", por lo que no persigue otra cosa que "evitar" las imágenes de los detenidos. "Vulnera el derecho a la información", ha agregado.

No lo entienden así CiU y PP que han recordado que la ley vigente ya señala que el arresto deberá practicarse en la forma "que menos perjudique al detenido", por lo que ahora tan solo habrá "un mayor control judicial". Jordi Jané ha dicho que se han producido detenciones que después se han comprobado "claramente desproporcionadas", de ahí la necesidad de reforzar las garantías de los arrestados pero "sin limitaciones a los medios de comunicación".

Del mismo modo, Agustín Conde (PP) ha destacado que la medida "no va en contra de nada sino a favor del respeto cada vez más profundo a los derechos fundamentales de los detenidos" ya que "un arresto no convierte a nadie en ciudadano de segunda". El diputado popular ha defendido también los plazos de instrucción tras escuchar las críticas de los grupos que han considerado esta medida "inaceptable". "Esta propuesta favorecerá la impunidad de los delitos más complejos como la corrupción", ha aseverado Soraya Rodríguez (PSOE) mientras que Gaspar Llamazares de la Izquierda Plural la ha tildado de "estética".

Por otra parte, PNV, Izquierda Plural y Amaiur han insistido en el fin de las detenciones incomunicadas pese a los cambios introducidos en la ley, si bien Conde ha reprochado a Amaiur que califique de tortura la incomunicación de presos etarras sin que todavía haya condenado a ETA. "Es un ejercicio de cinismo intolerable", ha dicho. Otros grupos como la Izquierda Plural han quitado relevancia al cambio del término 'imputado' por 'investigado' que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación. "El Gobierno hace un cambio de nombre como si eso fuera a cambiar la situación de alarma social de la corrupción", ha dicho Llamazares en su última intervención en el hemiciclo antes de iniciar su andadura en el Parlamento de Asturias.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información denunció que la #LeyTorquemada amenaza la libertad en Internet de diferentes modos. En primer lugar, con la instalación de 'troyanos', programas espía, para investigar cualquier delito en la red. Además, la Ley crea la figura de los "agentes encubiertos informáticos" por los que podrán intercambiar archivos ilícitos actuando "bajo identidad supuesta" para obtener imágenes y grabar conversaciones. Contempla también la instalación de "dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización" sin necesidad de autorización judicial. Y, además, el derecho de defensa se ve amenazado con la posibilidad de negar al detenido el acceso a las actuaciones.

Por todo ello, esta plataforma denuncia que la Ley de Enjuiciamiento Civil "cierra el círculo de la criminalización en Internet y abre la puerta a medidas excepcionales a quien exprese una opinión en Internet, filtre documentos o comparta archivos".