El edil explicó que en la mañana de ayer los operarios acudieron a la zona para continuar  derribando alguno de los edificios enmarcados en el proyecto urbanístico de reforma interior del barrio. Sin embargo, los técnicos, apuntó Grau, se volvieron a encontrar –tal y como ocurrió el martes– con la oposición de algunos de los vecinos a estos derribos. «Incluso seguía okupado el edificio del número 204 de la calle Escalante, en el que el martes entraron unos diez jóvenes, atrancaron las puertas y colgaron carteles», lamentó el concejal.

De esta forma, y para no verse obligado a enviar al lugar a Fuerzas de Seguridad del Estado (y de esta forma evitar posibles altercados), Aumsa (empresa municipal encargada de los derribos) ha decidido paralizarlos hasta que los tribunales se pronuncien al respecto.

En estos momentos pesa sobre uno de los edificios (calle Progreso, 181) una suspensión cautelar de la licencia que se resolverá en unos días. «En el momento en el que el juez se pronuncie y siempre que autorice el derribo, seguirán las intervenciones en los otros nueve edificios que ya cuentan con licencia de derribo», advirtió.

Se las verán en los tribunales

El concejal Grau presentó ayer en el juzgado una denuncia por «la comisión de infracciones penales de usurpación y coacciones» contra el presidente de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, los jóvenes que han okupado el número 204 de la calle Escalante y contra todo aquel «que haya tenido un comportamiento criminal» en la obstrucción de los derribos.