El impacto económico de los talleres ilegales en Galicia es de unos 14,8 millones de euros, según los cálculos trasladados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En concreto, esta cantidad —que identifica como "economía sumergida"— se deriva de los 148 talleres ilegales que, en el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil, la asociación detecta en la comunidad, 132 de ellos dados de alta pero con alguna ineficiencia y 16 sin dar de alta. En total, en territorio gallego se realizaron 1.187 inspecciones.

Por provincias, los talleres ilegales y en consecuencia el impacto se concentra en casi un 70% en A Coruña, con 103 y 10,3 millones de euros, respectivamente. En esta provincia se localizaron, según los datos de Anfac, 93 talleres registrados pero con alguna ineficiencia y 10 establecimientos que no están dados de alta, tras 593 inspecciones.

Le sigue Ourense, con 29 centros ilegales y una afectación de 2,9 millones de euros para el sector, por talleres todos ellos dados de alta, pero con ineficiencias. En esta provincia se hicieron 464 inspecciones.

Mientras, en Pontevedra, tras 73 inspecciones, se dio con 10 talleres ilegales —cinco y cinco—, por lo que el impacto en euros es de 1 millón. Por último se sitúa Lugo, con 57 inspecciones y seis centros encontrados —cinco con irregularidades y uno no dado de alta—, de modo que la afectación asciende a 600.000 euros.

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Operación talleres mecánicos'

La 'Operación Talleres Mecánicos' desarrollada por la Guardia Civil, junto con la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) y Anfac, se ha saldado la formulación de un total de 17.070 denuncias administrativas a establecimientos de reparación de vehículos, la mayoría de ellas (61,7%) por infracciones o delitos contra la normativa medioambiental en la gestión de residuos contaminantes.

Entre las principales irregularidades encontradas durante las inspecciones en materia medioambiental, los responsables de la operación han explicado que la mayoría se debe a la acumulación de neumáticos "que no están debidamente recogidos". También han subrayado la gestión de otros residuos como aceites, baterías, depósitos de metal y "elementos altamente contaminantes" según sea su gestión. "Puede afectar incluso a los acuíferos", han indicado.

Además, el 27,9% de las denuncias corresponden a la detección de establecimientos carentes de licencia municipal o por incumplimiento de la normativa de Industria, lo que ha llevado al cierre voluntario de un total de 238 talleres, a la subsanación de todas las deficiencias encontradas (no solamente en términos de licencia) de un total de 1.118 talleres y a la subsanación parcial de otros 817 establecimientos.

Un total de 452 talleres denunciados no han realizado las gestiones necesarias para subsanar las irregularidades encontradas durante las inspecciones.

Además, otro 10,4% de las denuncias corresponde a infracciones entre las que destacan el incumplimiento de las obligaciones de la empresa responsable del taller hacia sus trabajadores (cotización a la Seguridad Social) o el incumplimiento de la normativa tributaria (impago de impuestos).

El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha hecho hincapié en la importancia de la operación y de la cooperación con Anfac y Ganvam y ha subrayado que, gracias a este operativo, se ha pasado de realizar un total de 61 inspecciones a talleres mecánicos en 2011 a un total de 6.548 controles a establecimientos "de riesgo" identificados por el cuerpo policial con la colaboración de Industria y de ambas organizaciones.

Fernández de Mesa ha incidido en que el objetivo de la campaña no ha sido otro que "hacer cumplir la ley" tanto en materia medioambiental como en el ámbito de la seguridad vial, y para "tratar de atajar todo tipo de fraudes económicos a la Hacienda pública y, sobre todo, de esa nueva forma de explotación que existe que es que, de alguna manera, los trabajadores no estén afiliados a la Seguridad Social o no tengan todas las ventajas y derechos que les asisten cuando son contratados".

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, ha indicado que las estimaciones de la organización pasan por que las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil contribuirán a aflorar una bolsa de economía sumergida equivalente a los 130 millones de euros, y facilitará la conservación de 2.400 puestos de trabajo, como fruto de la reducción de la competencia desleal.

Seguridad vial

En el ámbito de la seguridad vial, Armero ha recordado que, pese a la recuperación del sector automovilístico en España (que encadena 22 meses de crecimiento), la crisis económica en el país ha provocado el envejecimiento del parque automovilístico, lo que implica que más de la mitad de los coches que circulan actualmente en España tienen más de diez años.

"Eso hace que la reparación correcta del vehículo para garantizar la seguridad vial sea más importante si cabe que antes, pero la crisis también ha hecho que se vaya más a talleres ilegales", ha incidido.

El presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez, ha hecho referencia a esto y ha explicado que, desde el inicio de la crisis en 2008, el sector ha sufrido unas pérdidas por valor de 3.500 millones de euros, que en parte se han debido a la "hipersensibilidad del consumidor al precio" como fruto de la situación económica. "Ha propiciado la proliferación de reparaciones ilegales low cost, que concentran más del 20% del total", ha asegurado.

Sánchez se ha mostrado convencido de que esta operación y las que se desarrollarán en el futuro gracias a la firma entre el cuerpo y las dos entidades de un nuevo procedimiento de colaboración, que ha tenido lugar durante el acto, contribuye a crear "un clima de ejemplaridad" que, a su juicio, "será decisivo en el futuro".

Aún así, ha criticado que, pese a las actuaciones de la Guardia Civil en la detección de irregularidades y la tramitación de denuncias administrativas, muchas veces este trabajo "queda en nada" debido a que algunas Comunidades Autónomas, "no siempre actúan con la rapidez y ejemplaridad que deberían".

"Hemos solicitado de los ministerios de Industria y Economía que planteen este asunto en las mesas sectoriales con las CCAA. Es un sentir general que hay algunas comunidades que adolecen de esto. De nada sirve el maravilloso esfuerzo de la Guardia Civil si luego se queda paralizado", ha lamentado.

Andalucía concentra la mayor parte de casos

Los datos de la operación en base a las inspecciones realizadas en la jurisdicción de la Guardia Civil y las irregularidades halladas indican que Andalucía es la comunidad donde se concentra la mayoría de los casos.

Así, en el caso de infracciones a la normativa medioambiental, se han detectado más irregularidades en esta autonomía (1.490) que en Madrid (130), Cataluña (201), Aragón (122), Extremadura (230), Castilla-La Mancha (55), Navarra (83), La Rioja (20), Cantabria (110), Asturias (27), Canarias (187) y Baleares (124).

Tras Andalucía, las comunidades autónoma que más infracciones medioambientales concentran son Castilla y León (758), Valencia (576) y Galicia (446).