El alcalde en funciones de Vélez-Málaga y concejal electo del PP, Francisco Delgado Bonilla, ha suscrito este lunes el texto base de Ciudadanos (C's) sobre regeneración democrática, como paso previo al inicio de las negociaciones con esta formación política para alcanzar un pacto de gobierno.

Delgado Bonilla, junto al concejal electo de Ciudadanos, José Antonio Moreno Ocón, ha señalado que con esta aceptación de las nueve propuestas que conforman el documento se iniciarán en las próximas horas las reuniones con este partido político.

Así, ha indicado que ahora buscarán el pacto "que siga dando estabilidad, confianza y seguridad al municipio", al tiempo que ha recordado que el PP fue el partido más votado el pasado 24 de mayo "y es a quien le corresponde formar gobierno de cara al próximo mandato".

El PP fue la fuerza más votada, con 10 concejales y a 18 votos del número 11; seguidos del PSOE, con ocho, mientras que IU-Para la Gente, los independientes de Torre del Mar y PA obtuvieron dos ediles cada uno; y Ciudadanos logró uno.

Entre las propuestas planteadas por Ciudadanos, ha explicado Delgado Bonilla, destacan la de separar "de inmediato" de cualquier cargo público o partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial; la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos y apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica.

También incluye el documento el prohibir las donaciones por parte de presidente, consejeros delegados u otros directivos con responsabilidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la Administración; prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos; tipificar el delito de financiación ilegal de partidos en el Código Penal; obligar a las formaciones a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos; exigir a los partidos la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas de control; y elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias.