El PP de Lorca ha asegurado ser consciente de "la necesidad de un cambio en la forma de hacer política". Considera, en este sentido, que "debe primar la participación, el consenso, la transparencia y decidir con los ciudadanos".

"Se abre un tiempo nuevo y estamos dispuestos a aceptar el reto", dicen los 'populares' de Lorca, para después añadir que comparten el objetivo de "generar un gobierno municipal abierto, basado en la responsabilidad política y la rendición de cuentas".

Y es que, apunta, "la sociedad lorquina espera de sus representantes los mayores esfuerzos para procurar espacios de acuerdo, puntos de encuentro y compromisos que permitan aprovechar el próximo mandato corporativo para consolidar la recuperación económica, aumentar el ritmo de creación de empleo de calidad y mejorar y fortalecer nuestro sistema democrático".

Entre las principales medidas que conforman las prioridades en las que se debe basar un acuerdo entre ambos partidos políticos, advierte el PP que la creación de empleo "debe ser la máxima prioridad del Gobierno municipal".

Para ello, aconseja especial atención a los colectivos más necesitados: jóvenes, parados de larga duración, padres y madres de familia y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Transformar la economía local de la mano de los principales sectores también está entre las necesidad, ya que "es fundamental apoyar la agricultura y ganadería, así como velar por la diversificación económica, procurando una reindustrialización de nuestro tejido empresarial".

Además de volcarse con el sector turístico, "en el que existe un amplio margen de crecimiento en el municipio". Para ello, se deben desarrollar las infraestructuras industriales y turísticas necesarias. También apuesta el PP por "continuar con el proceso de recuperación de Lorca de los daños de los terremotos".

En cuanto a los servicios sociales, especialmente los de educación, sanidad y asistencia a los más desfavorecidos, "deben ser el eje de las políticas públicas en el próximo mandato corporativo".

Trasladan su compromiso a "dignificar la función pública y modernizar su promoción profesional" y en materia de transparencia, apuesta por "impulsar iniciativas para garantizar la transparencia en el Ayuntamiento de Lorca, informando de todo lo concerniente con los cargos públicos, contratos, subvenciones y convenios".

Para que los ciudadanos conozcan en qué se invierte y cómo cada euro de sus impuestos, defienden "flexibilizar la Administración, generalizando la ventanilla única, lo que incluye también a los entes públicos dependientes de la administración regional y local, que serán los estrictamente necesarios".

Participación ciudadana

También consultas ciudadanas y nuevas fórmulas de participación activa y la modificación de la ley electoral regional "buscando el máximo consenso político y social".

A juicio del PP, "es fundamental modificar esta ley, y también instar al Gobierno de la Nación la modificación de las Leyes Orgánicas del Régimen Electoral General, de Partidos Políticos y sobre Financiación de Partidos Políticos para que respecto a los partidos políticos se prohíban las condonaciones de los créditos bancarios, tengan responsabilidad patrimonial subsidiaria en casos de condena por corrupción de sus cargos públicos, se prohíban las donaciones de personas con responsabilidad en la gestión de contratos con la Administración y se cree un órgano interno para prevenir y controlar la corrupción".

Defienden "la tolerancia cero con el fraude y la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad" y comparten "la repulsa social que causan todos los casos de corrupción y fraude, que corroen la democracia, las libertades y la prosperidad".

"Ejemplaridad en los cargos públicos y representantes en instituciones y partidos, ya que la sociedad reclama y exige representantes públicos que sean ciudadanos ejemplares, con el máximo respeto a la legislación, a las instituciones que representan y con un comportamiento en todo momento ético y responsable".

Resaltan la necesidad de aplicar la Ley de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos y la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo, que establecen la suspensión cautelar automática de los afiliados incursos en un proceso penal sobre los que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito de corrupción, y la destitución e imposibilidad de nombramiento de un nuevo cargo durante 5 a 10 años de aquellos que falseen o incumplan los requisitos de idoneidad para ser nombrado alto cargo.