El consejero de Justicia e Interior en funciones de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, responsable de la coordinación de las políticas migratorias del ejecutivo andaluz, ha reclamado al Gobierno central y a la Unión Europea (UE) que garanticen el asilo de las personas refugiadas que huyen de la violencia y la guerra que sufren en sus países de origen, así como una implicación mayor en la defensa de sus derechos.

De Llera, que ha participado este martes en Málaga en el XXV Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, ha criticado las políticas europeas de control de fronteras marítimas y terrestres porque, a su juicio, están cerrando las vías de acceso seguras a estas personas. Por ello, ha pedido la supresión del visado de tránsito aeroportuario para las personas que huyen de conflictos y la concesión de visados humanitarios.

Además, ha solicitado que se garantice a las personas refugiadas, interceptadas en frontera, el acceso a procedimientos de asilo "justos" y a un alojamiento adecuado, de acuerdo con la normativa que regula este procedimiento en la UE, haciendo efectivo el principio de no devolución y absteniéndose de penalizar a las personas refugiadas por recurrir a la entrada irregular.

Por otro lado, ha subrayado la necesidad de ampliar los cupos de reasentamiento y admisión humanitaria y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en situación de tránsito, así como la posibilidad efectiva de acceso al proceso de regularización.

En este sentido, ha insistido también en que los poderes públicos tienen que facilitar la reunificación familiar en Europa, sin tener que volver a sus países de procedencia y aplicar una definición más amplia de "miembros de familia", con el fin de incluir en ese concepto a descendientes mayores de edad y a otras personas que no estén dentro de la concepción nuclear de la familia.

A su juicio, "estas medidas acordes con la legislación vigente aportarían criterios de racionalidad a una política que está creando problemas irresolubles, tanto humanos como institucionales, a los países y regiones que son frontera de la Unión Europea", ha declarado.

Según el consejero, las políticas de austeridad no están generando más que mayores índices de vulnerabilidad en la sociedad española y las capas más frágiles de la población, entre los que se encuentran los inmigrantes, son las que están sufriendo con más crueldad las consecuencias de esta crisis.

En esa población más vulnerable se encuentra una gran parte de las casi 700.000 personas extranjeras que residen en la Comunidad, según ha asegurado. En este aspecto, ha puesto de manifiesto que el Gobierno de Andalucía "siempre será beligerante frente a cualquier tentativa que implique la neutralización del contenido de la Carta de Derechos reconocidos a la ciudadanía".

Ampliar la cuota de refugiados

De Llera, asimismo, ha apostado por que los visados humanitarios se extiendan "muchísimo más", puesto que, a su parecer, no se puede establecer un cupo "tan cicatero" como el de 40.000 refugiados para todo el conjunto de la UE, que cuenta con 500 millones de habitantes. Así, ha calificado esta medida, que se está debatiendo en la Comisión Europea, como "el chocolate del loro, eso no es nada", solicitando ampliar dicha cuota.

Además, ha señalado que la UE "debe asumir sus responsabilidades y proceder a revisar sus políticas de cooperación al desarrollo en los países emisores, incentivando y financiando la formación en estos países, su desarrollo y la asunción de estándares básicos de los valores democráticos". De este modo, ha afirmado que Europa se ha alejado del derecho de extranjería y, frente a ello, "nosotros optamos por situar los derechos humanos como centro del debate sobre las migraciones, lo que supondría una opción de gran calado para las decisiones que puedan promoverse en materia de inmigración", ha apuntado.

Igualmente, ha censurado la negativa del Gobierno español de no permitir el acceso a la Península a las personas solicitantes de protección internacional admitidas a trámite en Ceuta y Melilla.

Todas estas cuestiones, en su opinión, están exigiendo "un plus de solidaridad" a todas las regiones europeas que son frontera exterior de la UE como Andalucía, las islas Canarias, Ceuta y Melilla, así como las regiones del sur de Italia o Grecia.

También se ha referido al III Plan Integral para la Inmigración de Andalucía, en desarrollo actualmente y con una vigencia hasta 2016, con el que la Junta da continuidad a su respuesta al fenómeno migratorio, con el objetivo básico de asegurar el acceso de los inmigrantes a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica.

La nueva estrategia de atención a la población inmigrante está coordinada por la Consejería de Justicia e Interior y cuenta con la participación de todos los departamentos del Gobierno andaluz con el impulso de un total de 172 medidas, en su mayoría de carácter social y asistencial y que van desde la educación a la sanidad, pasando por la atención jurídica, la vivienda o la cooperación internacional.

Labor de la abogacía

De Llera ha destacado también la "esencial labor" que desarrollan los colegios de abogados y los profesionales especializados del Servicio de Asistencia Jurídica y turnos especializados en la garantía y defensa de estos ciudadanos frente a las llamadas "devoluciones en caliente". Este tipo de actuaciones, ha señalado, "vulneran la legislación española en materia de extranjería y asilo, el ordenamiento UE e instrumentos internacionales aplicables a la materia, ratificados por España".

Durante el pasado ejercicio se llevaron a cabo en Andalucía más de 9.000 actuaciones relacionadas con la extranjería por parte de 2.000 profesionales, lo que pone de manifiesto la necesidad de este servicio para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas extranjeras. Esto supone una inversión de dos millones de euros por legislatura.

Medios para justicia

Por otro lado, al ser preguntado por los periodistas sobre si hay que dotar de más medios a la justicia, De Llera ha respondido que existen medios materiales y humanos "suficientes", y si fuera necesario se incrementarían.

Para el consejero, la falta de medios económicos no es el problema, sino que lo esencial pasa por "modificar el modelo de justicia. Para ilustrarlo, ha puesto como ejemplo la actuación del fiscal francés encargado de la investigación del accidente de avión en Los Alpes el pasado marzo. "Al día siguiente el fiscal está informando a la opinión pública, eso ocurre en este país y lo que hacen es decretar el secreto de sumario. Nadie sabe nada y se oculta durante meses", ha indicado.

Una opinión similar comparte el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quien ha señalado que "un sumario puede terminarse mucho antes que en nueve años".

Así, ha proseguido que "no es comprensible" ni "se puede explicar a la ciudadanía" que la instrucción de cualquier sumario pueda durar "nueve o 10 años", añadiendo que "este es el pan nuestro de cada día".

De este modo, ha apostado por cambiar el proceso de la administración de justicia, además de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puesto que este "retraso desproporcionado" que soportan los tribunales hace que "la justicia deje de ser justicia".