El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este lunes a otros dos investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, los cuales han defendido que cumplieron con los requisitos exigidos.

Se trata de dos personas relacionadas con una empresa que impartió de abril a septiembre de 2011 un curso de servicio de bar y cafetería, entidad a la que se le habría concedido una ayuda de algo más de 60.000 euros. Según los investigadores, "la empresa, en el momento de la concesión del convenio de la subvención, estaría todavía en trámite de homologación por la Consejería de Empleo".

Además, según consta en los informes policiales del denominado caso 'Edu', de la documentación que se presenta, son nueve los alumnos que finalizan el curso, "no cumpliéndose el compromiso de contratación en líneas generales". Pero los investigados han declarado este lunes que entienden que sí se cumplió ese compromiso, según han señalado fuentes judiciales.

Asimismo, han incidido en que los profesores estaban cualificados y han manifestado que no entienden por qué están siendo investigados en esta causa, así como el perjuicio económico que le habría supuesto a la empresa, apuntando que no hubo presencia de la administración durante la celebración del curso, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Esta es la sexta empresa que comparece ya en el juzgado de las 17 investigadas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010. Las investigaciones se ampliaron luego a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en 10 subvenciones concedidas.

En general, se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Los investigadores relataban que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores, y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.