El secretario general del PSOE de El Ejido (Almería) y concejal electo, Tomás Elorrieta, ha demandado este lunes al PP "responsabilidad" y le ha pedido que "no permita que el sillón" de la Alcaldía "sea ocupado" por el alcalde en funciones, Francisco Góngora, imputado según remarca "por graves delitos".

"Los delitos fiscal, de falsedad en documento público y de blanqueo de capitales con muy graves y pueden acarrear duras penas e incluso la inhabilitación para cargo público", ha trasladado Elorrieta, para quien el PP "por el bien de este municipio, de nombrar alcalde a otra persona que no se encuentre en unas circunstancias como esas".

En un comunicado, el edil socialista ha asegurado que el municipio "no puede estar un día sí y otro también inmerso en la crónica judicial de la provincia".

"El alcalde, en su momento, y en diferentes ocasiones, prometió que, si su imputación se confirmaba, no seguiría siendo alcalde pero, como es habitual en él, está faltando a su palabra y no parece dispuesto a evitar a los vecinos de este pueblo la vergüenza de seguir teniendo un alcalde con problemas con la Justicia", ha trasladado.

Elorrieta, quien ha destacado el "respeto" de los socialistas ejidenses a la "voluntad de las urnas", ha pedido al PP que "evite que este municipio vuelva a verse" en la situación de que su "nombre aparezca en los medios de comunicación asociado a un largo proceso judicial y a una posible condena de su alcalde"

"Todo esto perjudicaría seriamente la imagen de nuestro pueblo y de sus vecinos, que ya están un poco hartos de que se asocie su nombre a cuestiones negativas. El PP puede y debe evitar que se llegue a esa situación, por el bien de los ciudadanos, que son los que han hecho posible que sus representantes ganen las elecciones, y a quienes les deben un mínimo de respeto", ha concluido.

El juez resolvió el 22 de mayo mantener la imputación de Góngora en la causa que se sigue para dirimir si existieron presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y falsedad en documento público en la operación de compraventa de una finca rústica en la que participó una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 2 desestimaba los recursos de reforma interpuestos por las defensas contra la resolución de 21 julio de 2014 por la que se acordaba imputar a los cuatro a la vista de un informe emitido por la AEAT y abrir pieza separada de responsabilidad civil imponiendo una fianza, conjunta y solidaria, de más de 2,3 millones de euros.