Un juzgado de Valencia ha reabierto la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio del pasado año, en el que murieron 43 personas, y ha ordenado practicar nuevas pruebas relacionadas con la formación del maquinista y las balizas de limitación de velocidad (que no existían en la curva donde descarriló el convoy), como pedían las familias de las víctimas. Una jueza había archivado el caso y había eximido a la Generalitat Valenciana de cualquier responsabilidad. Esta nueva resolución indica, además, que «podría cuestionarse la existencia de responsabilidad política derivada de la falta de inversiones necesarias».