La Xunta y el Valedor do Pobo intercambiarán información para proporcionar a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias una "mejor atención" y "una respuesta ágil" a sus demandas con el fin de garantizar que "el 100%" de aquellas que "cumplan los requisitos" puedan obtener una vivienda.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el valedor do Pobo, José Julio Fernández, han firmado este viernes el acuerdo de colaboración por el cual el alto comisionado facilitará información sobre las quejas y consultas recibidas para que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) valore si cumplen los requisitos establecidos o, en caso contrario, puedan acogerse a otras medidas desarrolladas por dicho organismo.

Según ha detallado Ethel Vázquez, estas condiciones son que la vivienda afectada por la ejecución hipotecaria sea la "única" de la familia y que tenga "unos ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 18.000 euros anuales".

Por su parte, el IGVS procederá, en la mayor brevedad posible, a contactar con las personas afectadas para informarlos del Programa de realojo de colectivos afectados por ejecuciones hipotecarias y a verificar si cumplen los requisitos y, de ser el caso, sobre la posibilidad de acogerse a otras actuaciones o medidas.

De este modo, en el caso de que cumplan los requisitos, el IGVS les ofertará una vivienda en las condiciones de este plan (ya sea a través de promoción pública o a través del programa Aluga) en la misma localidad o en zonas próximas, en función de las viviendas disponibles, tal y como recoge el acuerdo.

"problema de información"

Tanto la conselleira como el valedor han coincidido en que se detectó "un problema de información" entre las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias. "Muchas veces es gente desfavorecida, que tiene dificultades para acceder a esa información, por lo tanto, tenemos que crear una sinergias entre los poderes públicos para ayudar y ofrecerles los servicios que le corresponden", ha indicado Fernández.

Por su parte, la titular de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ha dejado claro que el Gobierno gallego "no estará satisfecho" mientras "una sola familia esté en riesgo de perder su vivienda".

Para lograr este objetivo, ha recordado que el Ejecutivo autonómico puso en marcha acciones como el Plan Rehabita, o el convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). "En este mes de julio pondremos a disposición de las personas que más lo necesiten las primeras 25 viviendas de este convenio con la Sareb", ha apuntado.

"realidad efectiva"

Preguntado por los periodistas sobre si existen las medidas para garantizar el derecho a la vivienda, el valedor do Pobo ha explicado que si se considera este derecho "en su total plenitud, no". "Ni aquí, ni en EE.UU., ni en Alemania. Es un proceso que tardará años, convertir el derecho a la vivienda de una promesa en una realidad efectiva", ha apuntado.

En su opinión, lo que se debe de hacer son "pequeños pasos". "Que exista un compromiso de los poderes públicos para cubrir el 100% de los desahucios es un paso", ha indicado antes de destacar que el alto comisionado intervino en 2014 en "200 casos" en los que, "en ningún supuesto, hubo desahucio".

Por último, ha avanzado que el próximo martes la sede del Valedor acogerá un taller en el que participarán los nueve defensores autonómicos y la Defensora el Pueblo en el que se trabajará en posibles recomendaciones sobre el papel de la vivienda pública en España.