El sindicato Comisiones Obreras ha reclamado "reformular" el sistema de protección frente a la pobreza en Castilla y León, de manera que se aglutine en uno único con la gestión de todas las ayudas, además de mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y otras medidas ante los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística con datos referidos a 2013.

La secretaria de Políticas Sociales de CCOO, Bernarda García Córcoba, ha incidido en la necesidad de contemplar la pobreza como una "urgencia social" y una "prioridad a resolver", según ha explicado en rueda de prensa junto al secretario de Organización y Comunicación del sindicato, Luis Fernández Gamazo, y la técnica de la Secretaría de Políticas Sociales Elsa Caballero, quienes han presentado las propuestas que pretenden que se tengan en cuenta en las administraciones.

García Córdoba ha incidido en que los datos de esta Encuesta de Condiciones de Vida han hecho "saltar todas las alarmas" porque mientras la población por debajo del umbral de la pobreza (establecido en 7.961 euros de ingresos anuales) ha crecido en la Comunidad casi tres puntos, del 17,5 al 20,4 por ciento, lo que significa 509.000 personas.

Pero si esta tasa ha subido, la de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE, que mide el umbral de la pobreza teniendo en cuenta la carencia material y la baja intensidad en el empleo de los miembros que residen en un mismo hogar lo ha hecho en mayor medida, al pasar de un 20,8 al 26,1 por ciento, de manera que hay 651.000 personas viviendo "peor" que en 2012, ha señalado García.

A juicio de la secretaria de Políticas Sociales el crecimiento de un 5,3 por ciento es algo "escandaloso" y ha incidido en que uno de los indicadores de la misma, la baja intensidad de empleo, se ha "disparado" del 12,8 al 17,7 por ciento en Castilla y León, "casi cinco puntos" que supone que 184.000 hogares tienen una ocupación por debajo del 20 por ciento de su potencialidad de trabajo.

Otros de los datos que CCOO considera preocupantes y muestran la necesidad de mejorar las medidas existentes es que un 42 por ciento de los desempleados están en riesgo de pobreza (más de 98.000), pero también "genera alarma" que más del 30 por ciento de los menores de 16 años se encuentra en esta situación, "uno de cada tres".

PROPUESTAS

Por ello, el sindicato ha realizado una serie de propuestas que se suman a las de ámbito nacional como la derogación de la Reforma Laboral, que consideran que incide en la baja intensidad de empleo, o la garantía de unos ingresos mínimos como prestación.

En el ámbito autonómico, Comisiones pide mejoras en la Renta Garantizada de Ciudadanía que supondrían que todas las personas con un salario inferior a esta prestación que pudiera corresponderle o ingresos de cualquier tipo y administración se tenga derecho a la RGC.

Asimismo, proponen crear un "defensor de la RGC" que actúe ante errores administrativos, interpretaciones inequívocas de la norma o ante actuaciones de injusticia y reclaman que se reduzcan a un mes los plazos de concesión para serolver y pagar, se simplifiquen y aceleren los procedimientos administrativos de tramitación con un incremento de personal dedicado a este fin.

En materia de vivienda, CCOO propone la creación de una Garantía Básica de Vivienda, como derecho subjetivo, que permita disponer de una vivienda digna a todas las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (fijado en 648 euros), incluidas las personas que vivan solas.

Por otra parte, se propone incluir en el Estatuto de Autonomía las medidas que conforman la Red de Protección Frente a la Pobreza para que se constituyan en un nuevo derecho subjetivo y que la protección a las personas sea considerada "más que una mera protección asistencial".

También se reclama un compromiso por parte de todas las administraciones públicas con competencias el cumplimiento riguroso de la normativa sobre ayudas de emergencia y de difusión de las mismas, cuya aplicación consideran que no puede estar sujeta a diferentes criterios interpretativos que introducen discriminación y agravios entre los ciudadanos.

Además, entre sus propuestas está la de reformular el sistema de protección frente a la pobreza en Castilla y León, aglutinarlo en uno único, que sea "consistente, potente, fuerte", que aúne todas las medidas logradas a través del Diálogo Social. García considera que el sistema deberá ser de derecho subjetivo y encauzar todos los recursos para que se pongan en marcha de una forma "ágil" y se proporcione una cobertura suficiente.

La responsable sindical ha instado al nuevo Gobierno a llevar a cabo esta reformulación e incluso ha pedido que sea un compromiso en el marco del debate de investidura.

García Córcoba ha incidido en que estos datos se corresponden con 2013, pero cree que la situación ha podido empeorar, ya que la Reforma Laboral ha seguido en vigor y sus efectos se han podido notar más.

Por su parte, Fernández Gamazo ha aclarado que esto no son consecuencias de "algo que se ha ido de las manos" o que es "casual", sino que es resultado de las políticas que se han aplicado, que han supuesto que se haya "desnaturalizado" la negociación colectiva, por ejemplo, cuando era lo que determinaba "reparto de riqueza".