El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha presentado hoy el último informe anual de esta institución, cuyo tema principal se ha centrado en el "número incesante de muertes y casos de invalidez o discapacidad" como consecuencia de los accidentes de tráfico.

Múgica ha expresado su descontento, ya que considera que cuando se enaltecen "desmesuradamente las hazañas de nuestros jovencísimos automovilistas o motoristas de competición" se hace un "flaco favor" a la seguridad vial, al igual que cuando, en publicidad, se destaca la potencia de los nuevos modelos de coches.

En la compadecencia también se ha reiterado la petición, "ignorada", que hizo a principios de 2006 para que se produzca un debate en el  Parlamento donde se estudie la limitación de velocidad en los turismos y vehículos de transporte.

"Buena prueba de ese olvido la proporcionan los extensos y seductores reportajes y retransmisiones, así como los anuncios publicitarios, aparecidos en los medios de comunicación, sobre ferias y exposiciones y acontecimientos deportivos relacionados con los vehículos a motor", aseguró el Defensor.

Múgica también comento que toda esa cobertura propagandística incita "a pisar el acelerador", por no "hablar de los alardes de necedad e inmadurez personal que alimentan, sobre todo en los jóvenes, fuera de los circuitos preparados para ello, con el peligro consiguiente en nuestras carreteras, calles y plazas".

"He ahí una razón más para recordar y estimular a las autoridades competentes sobre la urgencia de nuestra propuesta de debate riguroso en torno a la limitación de velocidad", señaló Múgica.

Otro punto que también quiso destacar, durante la presentación del informe, se centra en el aumento masivo de las protestas por el incremento de sanciones de tráfico.

En este caso,  el Defensor reconoce que la mayoría de los ciudadanos tienden a pensar que tanta multa no es más que "un afán desmedido de las administraciones por la recaudación, antes de por la eficacia preventiva y por la seguridad jurídica derivada de la garantía de sus derechos".

El definitiva, esta presentación ha servido al Defensor para reivindicar la gran necesidad, a su juicio,  de que haya una aplicación homogénea en toda España respecto a estas sanciones, que recordó, también pueden imponer las autoridades municipales.