El Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tomó este pasado jueves declaración como testigos a cuatro antiguos proveedores de la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, ratificando todos ellos sus declaraciones previas ante la Guardia Civil, en el marco de la investigación relativa a los supuestos gastos privados o sin control cargados a las cuentas de esta desaparecida empresa pública.

Se trata de J.C.C.J., F.A.A.P., A.A.F. y E.N.L., todos ellos proveedores de la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal, llamados a testificar después de que en un auto fechado el pasado 14 de abril y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial decidiese no someter a secreto las actuaciones y reclamase a la comisión liquidadora de ACM los estatutos de la extinta sociedad, la relación de los miembros de su consejo de administración desde 2007, los cargos y funciones de los mismos, las actas de las sesiones de sus órganos de gobierno y las auditorías económicas e informes económico financieros relacionados con la empresa.

En sus comparecencias, todas ellas recogidas por Europa Press, todos ellos han ratificado sus declaraciones previas ante los investigadores de la Guardia Civil. Juan C.C., por ejemplo, ha manifestado que su relación con ACM era "buena" hasta que la misma le expidió un pagaré por valor de más de 14.000 euros que no pudo cobrar, por lo que tras diversas gestiones, alguien a quien identifica como el exgerente de la empresa, José Luis Díaz, le pagó mediante un cheque en mano, manifestando que ACM "siempre iba con presupuesto, no firmando contrato alguno, y siempre emitía factura".

Almuerzos en un restaurante

Francisco A.A.P., dueño de un restaurante, ha testificado que José Luis Díaz, junto a otros directivos como Rafel Blanco, almorzaban asiduamente en su restaurante junto a otras personas ocasionales, firmando "facturas" por estas comidas que luego él cargaba a ACM para que se las pagase, toda vez que "en la mayoría de los casos" la empresa le "compensaba por el dinero que debía pagar" el restaurante por su publicidad en las revistas de ACM. Los directivos acudían allí a comer entre dos y siete veces al mes, según este empresario, que explica que "todo se pagaba a nombre de ACM".

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía de Dos Hermanas, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación sonora en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde. El Gobierno local, de su lado, niega todas las acusaciones.

Causa judicial en curso

El asunto ha supuesto la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, en el marco de la investigación de los hechos, refleja en ese sentido la localización de facturas por valor de 976 euros cargados a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que, a finales de junio de 2007, incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes "documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores", como las personas que se alojaron en el citado hotel.

El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay "pruebas" de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal.