Un total de 16 entidades presentarán este jueves una querella contra decenas de cuentas de Twitter en las que se publicaron mensajes que incitaban al odio y a la violencia contra los catalanes y banalizaban el nazismo al equiparar actos y manifestaciones públicas de catalanes, entidades y representantes políticos e institucionales de Cataluña al nazismo y regimenes fascistas. Cuatro de ellas tienen miles de seguidores —una incluso supera los 13.500—, y publican frecuentemente este tipo de mensajes de estas características. También denuncian otros perfiles que han publicado mensajes ofensivos más esporádicamente.

La querella se interpone ejerciendo la acción popular por los insultos, las calumnias y las amenazas "difundidas ampliamente de manera pública y reiterada, en que de forma banalizante y trivializadora" se equiparan a catalanes y nazis, concretamente en cuentas de Twitter, según consta en el escrito. Para los querellantes, esta relación supone una "clara incitación al odio con vocación de que se materialice en actos de violencia de todo tipo" contra los catalanes, sus entidades y representantes políticos.

Consideran que la banalización del nazismo y la equiparación de los catalanes con nazis y fascistas "ha sido constante y se ha propagado sobre todo por medio de Twitter y Facebook", mediante expresiones injuriosas, calumniosas o amenazadoras, de fotomontajes, atribución calumniosa de actuaciones, caricaturas injuriosas y amenazas directas o veladas. A su juicio, se han hecho comparaciones y se han utilizado términos para referirse a personas y entidades de Cataluña como: "Führers, hitlers, goebbelianos, promotores del Holocausto, interesados en llevar a cabo un Lebernsraum —justificación de la expansión de la Alemania de Hitler— o practicantes de estrategias de las SS —policía nazi—".

Los denunciantes consideran que el insulto y la equiparación con regímenes totalitarios "tiene una clara voluntad vejatoria y de menosprecio que busca caricaturizar injuriosamente toda la actividad pública en defensa de la cultura, la lengua y determinaciones políticas del pueblo catalán. Y busca legitimar las posibles agresiones y amenazas". Consideran delictivo que se normalice insultar gratuitamente banalizando los conceptos propios de un régimen totalitario y genocida, y recuerdan que los poderes del Estado son "cómplices" al no actuar contra estas actitudes, cuando sí reaccionaron ante los twits publicados por ejemplo tras la muerte de Isabel Carrasco.

Para Pep Cruanyes, abogado y presidente de la Comisión por la Dignidad, el Estado no ha intervenido de manera clara en los delitos de incitación al odio y la violencia a través de las redes sociales. En este sentido, ha puesto otro ejemplo: la operación de la Guardia Civil que se saldó con el arresto de 19 personas por enaltecimiento del terrorismo en Internet, mientras que no ha actuado ante ataques contra el presidente de la Generalitat, las víctimas del franquismo o las del accidente de Germanwings. De hecho, ha opinado que algunos miembros del Gobierno han llegado a "atizado" estos mensajes y han ''abonado la situación de impunidad'' con declaraciones como las del ministro del Interior relacionando independentismo y yihadismo o las del titular de Educación, comparando la situación del castellano con la del catalán durante la dictadura.

Desde principios de 2014, las 16 entidades que suscribieron el Manifiesto por la dignidad democrática ante la banalización del nazismo han recogido centenares de tuits que incitan al odio y a la violencia contra los catalanes, además de comparar algunas situaciones con la Alemania de Hitler. Los autores se amparan en el anonimato y cuatro de los perfiles cuentan con miles de seguidores —una de ellas supera incluso los 13.500—, por lo que tienen una gran capacidad de difusión.

Concretamente, recogen los comentarios vertidos en las cuentas de Twitter @nazionalistacat, @loren36loren, @pedro_altuna y @verdadesofenden, y piden investigar otros comentarios por personas de relevancia pública y con cargos de responsabilidad, sin dar más detalles.

La querella recoge delitos recogidos por el Código Penal (510.1 y 510.2) que castigan el fomento o la promoción del odio, discriminación y violencia con penas de entre uno y cuatro años de prisión, o las lesiones de la dignidad de las personas con acciones que provoquen humillación con penas de entre seis meses y dos años, además de multas. Así lo ha explicado este miércoles la abogada Laia Serra, quien ha destacado que son delitos castigados con prisión pero que lamentablemente, no hay bastante jurisprudencia en el Estado español. Por eso, ha destacado que hay que hacer ''pedagogía jurídica'' y conseguir que estos criterios se incorporen en el mundo judicial.

Serra también se ha mostrado convencida de que en otro país europeo, este debate no existiría porque existe el ''consenso unánime'' de que se trata de hechos delictivos ''sin reservas''. Cree que en España todavía se cuestionan los ''umbrales de los delitos'', pero no por ello hay que renunciar a presentar las querellas correspondientes. Por eso, Serra cree que el principal escollo con que topará la querella es la interpretación del discurso de odio por la "ambigüedad" que hay.

En este sentido, ha epxlicado que en España sólo se tienden a castigar los mensajes que conllevan un ''peligro real'' y no en base a la difusión del discurso. En cualquier caso, si la querella no prospera —en diciembre ya fue archivada una denuncia similar—, recurrirán ante el Tribunal de Estrasburgo para denunciar los ''ataques impunes contra los derechos humanos'', ha anunciado Cruanyes.

Las impulsoras son la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans; Comissió de la Dignitat; Fundació Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans; Amical de Mauthausen y otros campos; SOS Racismo; Intersindical CSC; UGT; CCOO; Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y Industria (Cadci); Acció Cultural del País Valencià; Plataforma per la Llengua; Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (Cal); Associació per la Independència de Catalunya Ara o Mai; Fundació Congrés de Cultura Catalana; Plataforma pel Dret a Decidir, y la Xarxa d'Entitats Culturals i Cíviques dels Països Catalans.