Encarnación Fernández, conocida como 'Chity', se ha encerrado en el Ayuntamiento de Motril (Granada) para exigir ayuda a la alcaldesa, Luisa García Chamorro (PP), ante el próximo desahucio de su vivienda, previsto para el 2 de junio.

"Tengo los papeles firmados de que me iban a proporcionar un alquiler social pero no han hecho los trámites", ha indicado en declaraciones a Europa Press Fernández, que lleva más de dos años luchando por no quedarse en la calle junto a su hijo de 10 años, "que es quien peor lo está pasando y quien más esta sufriendo".

Según ha relatado, alquiló la vivienda a su hermano, un piso que fue embargado por el banco "por problemas económicos" que le impidieron seguir pagando la hipoteca. La mujer ha afirmado que comenzó entonces todos los trámites pertinentes para seguir pagando una renta a la entidad bancaria, que se quedó con la vivienda, pero no pudo conseguir "nada".

Esta motrileña ha pasado ya por dos lanzamientos de desahucio y ahora se ve de nuevo "en la calle" a pesar de que, con la segunda fecha límite para salir de su casa (27 de noviembre de 2014) consiguió "los papeles firmados por la Junta de Andalucía para que, tras los trámites pertinentes en el Ayuntamiento" le dieran una vivienda con alquiler social.

Según la afectada, "el Gobierno no ha hecho su trabajo" y ahora se ve "sin recursos y sin casa" y con la alcaldesa dándole "la espalda". Fernández asegura que ha mantenido una reunión con García Chamorro, con la que "ha estado hablando por teléfono". "Nos ha escuchado y sin abrir la boca se ha levantado y se ha ido", ha contado Encarnación, quien, además, ha asegurado que ha recibido una "amenaza de denuncia" por parte de uno de los concejales del gobierno local por "colarse con pancartas a protestar en un acto de campaña del Partido Popular".

En la noche de este martes durmió en la calle después de que la Policía Local la desalojara de la Casa Consistorial aunque ha afirmado que "los muchachos se portaron muy bien, dijeron que era su trabajo, que habían recibido órdenes" y, por lo tanto, salió sin oponer "ninguna resistencia".

Problemas de salud impiden trabajar a Encarnación, que siempre se ha dedicado "al campo" pero, ahora, además de tomar medicación contra la depresión, tiene artrosis en la columna vertebral que se está extendiendo hacia la pierna derecha y sufre varias hernias discales que se suman, asimismo, a la imposibilidad de percibir ninguna prestación económica porque "por cada mes de trabajo me tenían asegurada un día".

La familia tampoco puede echar una mano a Encarnación Fernández, que fue víctima de malos tratos de su marido hace una década. Tiene dos hijos independizados pero, al igual que ella, viven de Cáritas y tienen en riesgo su vivienda. Los abuelos ayudan económicamente con su pensión a toda la familia pero "ni tienen recursos ni sitio para todos", ha indicado.

Ahora piensa quedarse en el Ayuntamiento hasta la fecha límite de desahucio el próximo 2 de junio porque, aunque le han ofrecido que vaya a Asuntos Sociales y le han prometido una salario social de urgencia de 400 euros durante seis meses, quiere el "alquiler social que reflejan los papeles firmados por la Junta" y que asegura merecerse.

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