El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha citado para este miércoles a otros tres investigados en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado 'Caso Edu', según han informado fuentes judiciales.

En este caso se trata de tres personas vinculadas con una empresa a la que se le concedió inicialmente una subvención de 102.000 euros para llevar a cabo un curso de cocina para 15 personas, con compromiso de contratación de nueve alumnos, que se impartió en una escuela de hostelería en virtud de un acuerdo suscrito entre las partes.

Esta subvención fue modificada conforme a la justificación de gastos remitida por la entidad, según consta en uno de los informes policiales, incluidos en la causa, a los que ha tenido acceso Europa Press, quedando reducida a unos 92.000 euros, cantidad que ha sido abonada en dos fases, por lo que la ayuda se encuentra liquidada, según dicho documento.

Esta es otra de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En general, se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Los investigadores relataban que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

Por el momento, han comparecido ante el instructor 13 personas relacionadas con tres empresas, una que impartió un curso de soldadura de estructuras metálicas, otra que dio uno de auxiliar de protésico dental y una tercera entidad que dio un curso de peluquería. En todos los casos, han defendido la legalidad de su actuación y el cumplimiento de lo acordado.