La portavoz del PA en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y candidata a la Alcaldía, Lola Aquino, ha augurado que "tendrán que llegar muy pronto las responsabilidades políticas" por los presuntos gastos privados cargados a las cuentas de la sociedad pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá e investigada por la Justicia.

En palabras de Aquino, "los andalucistas defendemos la tolerancia cero a la corrupción" y ha apuntado que la investigación "está en curso aún" aunque entiende que "lo que empezamos a conocer cuenta con bastante indicios para pensar que las responsabilidades políticas acabarán llegando en un futuro muy próximo".

Cuestionada sobre la posibilidad real de un cambio de gobierno municipal tras el próximo 24 de mayo, la líder andalucista alcalareña ha señalado que "el PA no tiene miedo a nada, y mucho menos a un cambio de gobierno tras casi 40 años del PSOE". Para Aquino, "estamos en tiempos políticos diferentes en los que los ciudadanos piden el ejercicio de políticas con mayúsculas".

Para la alcaldable andalucista, "la línea roja del PA la marca la tolerancia cero a la corrupción, la erradicación del gasto superfluo para destinarlo a paliar la difícil situación de muchas familias alcalareñas al borde de la exclusión social, y el cambio de modelo productivo del municipio, apostando por el turismo, la agroindustria y por un Plan de Reindustrialización de Alcalá".

El caso acm

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía de Dos Hermanas, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación sonora en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde. El Gobierno local, de su lado, niega todas las acusaciones.

El asunto, investigado por el Juzgado mixto número dos de Alcalá, incluye entre otros aspectos un atestado de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que conectaba al alcalde con facturas por valor de 976 euros cargados a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que, a finales de junio de 2007, incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia.

En paralelo, ha trascendido un informe elaborado por el equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil según el cual los hechos, en una medida u otra, habrían sido elevados a finales de 2011 a miembros del Gobierno local como las concejales socialistas Miriam Burgos y Gloria Marín, Bernabé Gámez como presidente local del PSOE, e incluso el propio alcalde, todo ello en el marco de la situación de conflicto que vivía ACM a cuenta del "acoso laboral" que promovía supuestamente José Luis Díaz como gerente de la empresa y Manuel Costillo, quien actuaba como "su segundo".

El juzgado instructor, entre sus últimas decisiones, ha reclamado a la comisión liquidadora de ACM la relación de los miembros de su consejo de administración desde 2007, las actas de las sesiones de sus órganos de gobierno y las auditorías realizadas, acordando tomar declaración como testigos a una serie de personas relacionados con la empresa. La Fiscalía, de su lado, pide imputar a miembros del antiguo equipo gestor de la empresa.