El sindicato de Educación ANPE ha celebrado este jueves en Madrid la Jornada Estatal sobre el Servicio del Defensor del Profesor, presidida por el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado y con la asistencia de los coordinadores del servicio Jesús Niño y Crisálida Rodríguez y todos los defensores de las diferentes Comunidades Autónomas.

Esta jornada pretende seguir coordinando e impulsando el Servicio del Defensor del Profesor que se presta en cada Comunidad Autónoma, valorar los datos y tipologías de los casos y los conflictos existentes, con el fin, de elaborar propuestas a las Administración educativa que contribuyan a mejorar el clima de convivencia en las aulas.

El Defensor del Profesor es un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, puesto en marcha en el 2005 y que ha atendido a unos 25.657 docentes.

Este servicio ha servido para desvelar los problemas de un colectivo que sufre en silencio por temor a ver lesionada su identidad profesional, que ha servido para abrir el debate social sobre la conflictividad en las aulas, y que ha permitido movilizar una conciencia a favor de los docentes que se ha traducido en medidas efectivas y cambios legislativos como han sido los Decretos de convivencia y el reconocimiento de la autoridad del docente.

Algunas de las conclusiones de estas jornadas son: El éxito del Defensor del Profesor se basa en haber sido capaces de detectar la existencia de un problema de convivencia en las aulas y proponer medidas para su mejora.

El reconocimiento de la autoridad docente recogida en la LOMCE debe ir acompañado del correspondiente desarrollo reglamentario a nivel del estado y de las CCAA. Se han dado pasos normativos pero resultan insuficientes.

La Administración tiene que garantizar la debida protección jurídica al profesorado así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional.

La violencia existente en la sociedad, en muchas ocasiones, se traslada a los centros educativos y la escuela debe actuar como un laboratorio de ideas que establezca medidas preventivas y de resolución de conflictos para que ayude a cambiar las conductas violentas, pero el profesorado necesita el apoyo y la implicación de la Administración y del resto de la Comunidad Educativa y de la sociedad en general para mejorar la convivencia en los centros y que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen en óptimas condiciones.

ANPE demanda valoración y respeto al profesorado, otorgándole en todo el Estado, la consideración de autoridad pública en el ejercicio de su función.