La subasta de los terrenos de la conservera Alfageme en Vigo se ha celebrado este jueves en el juzgado mercantil de la ciudad olívica y ha contado con una única oferta, la de los tres bancos acreedores (Popular, Pastor y Abanca), que han ofrecido por la parcela 11,2 millones de euros.

El valor de tasación de los terrenos, únicos bienes que quedan de la empresa, era de 35,6 millones de euros y la oferta de los tres bancos, que son titulares de una hipoteca conjunta que pesa sobre las instalaciones, fue de 11,273 millones.

Al no llegarse al 70 por ciento del valor de tasación, la administración concursal tiene ahora 10 días para tratar de buscar una oferta mejor. Transcurrido ese plazo, si no hay una propuesta mejorada, el juez de la sala Mercantil número 3 de Pontevedra (con sede en Vigo) decidirá sobre la adjudicación, aunque todo parece indicar que los bancos acreedores se quedarán con la parcela.

Se trata de unos terrenos que ocupan más de 14.000 metros cuadrados en la calle Tomás Alonso, en los que hay una factoría, almacenes, zonas de oficina y varias viviendas.

En la subasta, además de los bancos, hubo representación del Igape, que también es acreedor de la empresa, pero no presentó oferta alguna. De hecho, el organismo público fue adjudicatario de las plantas de Alfageme en Vilaxoán y Ribadumia en el proceso de liquidación de la conservera, en el que también se subastaron varias de las marcas de empresa (entre ellas la conocida Miau).

TRABAJADORES

Una representación de los trabajadores ha acudido este jueves a los juzgados y allí han recordado que queda un centenar de ex empleados a los que se adeudan unos 2 millones de euros de sus indemnizaciones.

El portavoz de la CIG, Xosé Fernández Piñeiro, ha recordado que los operarios de la planta solo cobraron la parte correspondiente al Fogasa, y que tienen pendiente de pago alrededor de un 60 por ciento de sus indemnizaciones.

Fernández Piñeiro también ha recordado que, en su día, la parcela de Alfageme se había recalificado con el objetivo de que las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico del ámbito (cifradas por la CIG en unos 26 millones de euros) sirvieran para pagar a los trabajadores.

QUIEBRA

La empresa Bernardo Alfageme, que llegó a tener cuatro centros de trabajo y una plantilla de 350 personas, entró oficialmente en concurso de acreedores en abril de 2010, tras un largo proceso cuajado de problemas: impagos a trabajadores y proveedores, petición de créditos y avales, hipotecas, etc.

La crisis de la conservera venía de atrás, pero la situación de agravó a partir de 2006, con la entrada en la firma de la inmobiliaria Promalar, propiedad de la familia Lago. De hecho, los sindicatos responsabilizaron a los Lago de la quiebra de la empresa, y de haberla convertido en un negocio inviable pese a las ayudas (gran parte de ellas públicas).

En su día, el juzgado mercantil consideró que el concurso de Alfageme había sido culpable, e inhabilitó por 5 años a Gustavo Lago, además de reclamarle (a él y a las empresas de su familia) la devolución de unos 18 millones de euros. Esta resolución por confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo.