Todos los grupos del Parlamento vasco, excepto EH Bildu, han rechazado este jueves la proposición de ley que había presentado la coalición soberanista para obligar a las empresas que operan en Euskadi a atender al público y rotular sus productos y distintivos en euskera. La propuesta afectaba a todas empresas, aunque las sanciones —que llegarían hasta los 6.000 euros— se reservarían para las grandes compañías de determinados sectores.

El Consejo de Gobierno acordó el pasado 14 de abril emitir su criterio desfavorable a esta iniciativa porque "un sistema sancionador no es lo más eficaz para el fomento de esta lengua ni para el ejercicio de los derechos lingüísticos de los consumidores".

Durante el debate, el parlamentario de EH Bildu Xabier Isasi ha lamentado el "eco" que ha tenido la propuesta de la coalición, lo que cree que demuestra "la cruda situación que vivimos desde hace mucho tiempo" los vascoparlantes. En este sentido, ha lamentado los "insultos" del diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), en los que, hablando del euskera, llamó "morralla" a EH Bildu. "No nos acostumbramos, no entendemos ese odio hacia nosotros ni la impunidad al insultarnos", ha indicado.

Isasi ha defendido que "todos los derechos, especialmente los lingüísticos, no se pueden llevar a cabo sin obligaciones" y, ante los datos que muestran que el uso del euskera "no está mejorando en los últimos años", es necesario "hacer algo al respecto".

Tras afirmar que la coalición rechaza la "imposición" porque "el camino del castigo no es el mejor modo para cambiar el comportamiento de las personas", ha defendido que, "en el caso de las lenguas minorizadas, la respuesta de las instituciones públicas no puede ser eludida por el gobierno".

"Desde el comienzo de la legislatura hemos intentado llegar a un acuerdo y lo volveremos a intentar porque creemos que es mejor regular que dejarlo en manos de cada uno porque esto podría llevar a perder el idioma", ha advertido, para aclarar que no quieren "responsabilizar" a ninguna tienda o "señalarla", sino que lo que busca es que, quienes usan el euskera, sean "respetados" como clientes y que el servicio se les ofrezca "como es debido".

La parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal ha recordado a la coalición que existe una normativa legal, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, que "ya defienden los derechos de los consumidores", por lo que no ve "necesaria" la propuesta. "Contamos instrumentos eficaces", ha asegurado.

Además, ha recordado que aunque el la Viceconsejería de Política lingüística reconoce que "hay un largo camino por recorrer" para alcanzar el cumplimento del Decreto sobre los derechos lingüísticos de las Personas Consumidoras y Usuarias, cree que no hace falta normativa sino es necesario políticas que "faciliten alcanzar los objetivos fijados".

Además, cree que el texto de EH Bildu no aporta mejoras, ya que lo que busca es convertir en ley un decreto, "utilizando" 17 de los 20 artículos del actual texto en vigor e introduciendo modificaciones en los artículos que afectan a las sanciones al "ampliarlas a todo tipo de empresas, instituciones y establecimiento". "No está claro el marco de aplicación y por ejemplo, hablan de MoviStar como una gran empresa pero también podría afectar a un carnicería pequeña", ha criticado.

"pedagogía sin imposición"

El parlamentario del PSE Vicente Reyes cree que las sanciones "perjudican" al euskera y ha recordado que durante el Gobierno de Patxi López, se eliminaron las multas lingüísticas a las empresas. Además, ha defendido que toda la legislación que se haga en este sentido "se debe hacer con consensos amplios buscando la pedagogía, no la imposición".

Para Reyes, "no es real el panorama agónico que EH Bildu dibuja sobre la situación del euskera" y tras reconocer que la lengua vasca necesita ganar hablantes y adhesiones, ha criticado que la propuesta de la coalición "lleva a la desafección, al sentido contrario", ya que "aleja a las personas por las multas y por el ataque al bilingüismo".

Desde el PP, Iñaki Oyarzábal ha rechazado la iniciativa de EH Bildu por considerar que se trata de un proyecto de "imposición" que "pretende generar obligaciones a los ciudadanos en el ámbito privado mediante sanciones y multas, y señalamiento social para quienes no se plieguen a sus exigencias".

Además, ha afirmado que en la actualidad, hay 230.000 alaveses que dicen no conocer el euskera, mientras que en Bizkaia la cifra asciende a 840.000 personas y son 300.000 en Gipuzkoa. "Son la mayoría de este pueblo y ustedes quieren limitar sus derechos con esta proposición de ley", ha denunciado antes de defender "un euskera sin imposiciones y desde la libertad".

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha recordado que en la anterior legislatura socialista respaldó la eliminación de las "multas lingüísticas" y ha insistido en que cree que obligar a empresas y comerciantes como plantea EH Bildu "supone injerencia del Estado en el ámbito privado". Además, considera un "despropósito imponer euskera a base de medidas coercitivas". "No se consigue nada mas que le hartazgo de la sociedad y se vulneran los derechos", ha insistido.