El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha acordado trasformar en procedimiento abreviado las diligencias contra la funcionaria de los servicios centrales de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León Belén G.G. y su jefe, Jesús M.A, así como contra los dos administradores de la UTE a la que se adjudicó a dedo la variante de Guardo.

En cambio, decreta el sobreseimiento provisional "para los cargos no incluidos en este auto, pues a pesar de la constancia de algún enlace con los mismos no ha sido acreditado su directo conocimiento y participación en los hechos", de forma que queda excluido del procedimiento el director general de Carreteras, Luis Alberto Solís, quien declaró en calidad de imputado por estos hechos el 24 de abril de 2013.

En su auto, contra el que cabe recurso, el instructor José María Crespo acuerda seguir la causa contra Belén G.G. y Jesús M.A. y los administradores de Eipsa y Civil 4 José Antonio Ll.J. y Diego B.D, respectivamente, al estimar la posible existencia de delitos de aprevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, con lo que emplaza a las acusaciones para que antes de diez días soliciten la apertura de juicio oral o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La investigación, recaída en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid fue auspiciada desde la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid y se encuentra centrada exclusivamente en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo, que recayó a primeros de 2011 en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408.714,24 euros.

Al concurso se presentaron 27 ofertas, si bien fue la citada UTE la que obtuvo la mayor puntuación, con 88 puntos sobre 100, aunque el juez instructor, a tenor de las diligencias practicadas, advierte de que a pesar de que el proceso de adjudicación seguido es correcto, "en realidad estaba preparado previo acuerdo con la finalidad de adjudicárselo a Civil 4 y Eipsa", para lo cual los imputados mantuvieron diversas reuniones previas y mantuvieron contactos telefónicos al objeto de "adecuar los pliegos del concurso público próximo a licitar".

El presente auto, que resuelve seguir las presentes diligencias por el trámite de procedimiento ordinario, lo fundamenta el juez en las reuniones, las llamadas, los correos electrónicos y los regalos recibidos por los funcionarios de la Junta imputados, Belén G.G. y su jefe, Jesús M.A, lo que en su opinión es indiciario de que los cuatro investigados se concertaron con carácter previo a la adjudicación.

"En cuanto a los regalos, es cierto que consta que se enviaron más regalos a más funcionarios. La posible percepción de regalos por elevado número de funcionarios y cargos en la Dirección General de Carreteras podrá ser investigada en su caso por el Ministerio Fiscal. Pero el dato de que muchos funcionarios reciban regalos de empresas que concursan y sobre las que han de decidir o informar no oculta la realidad de que en este procedimiento así ha ocurrido", advierte el instructor.

Detención de la funcionaria en 2012

Los hechos trascendieron públicamente a raíz de la detención, el 21 de junio de 2012, de la funcionaria Belén G.G. en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, en cuyo transcurso los actuantes registraron no sólo su despacho sino, posteriormente, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.

Al día siguiente de la detención, el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, hizo un llamamiento para que los medios de comunicación fueran "exquisitamente escrupulososo" con la presunción de inocencia de una trabajadora del Grupo A y con trece años de servicio en la Administración regional.

El contrato para las obras de la variante de Guardo (CL-626), con un presupuesto de 19.827.645,54 euros y una plazo de ejecución de treinta meses, fue otorgado por el departamento que dirige Antonio Silván a finales del año 2010 a favor de la UTE compuesta por las constructoras Sacyr e Inmobiliaria Río Vena.

Con posterioridad, a principios de 2011 se produjo la adjudicación de la dirección facultativa de dichas obras, la que está siendo objeto de investigación, en favor de Eipsa-Civil 4 por más de 400.000 euros. El director de la obra es José Antonio LLombart, ingeniero de caminos con amplia experiencia en estructuras de gran envergadura realizadas en ámbito nacional e internacional.