El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado confiado "en la constitucionalidad" de los artículos cuestionados en el auto del Tribunal Supremo en relación a la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales y confía en la "resolución favorable" por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Así ha reaccionado el Ejecutivo autonómico mediante un comunicado después de que el Tribunal Supremo haya dictado un auto en el que acuerda plantear al Tribunal Constitucional si tres artículos de la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2012 son inconstitucionales.

El auto señala, según defiende la Junta, que "el Tribunal Supremo se declara incompetente para conocer la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los sindicatos y, por tanto, sin entrar en el fondo del asunto traslada el procedimiento al Tribunal Constitucional".

Por tanto, indican desde el Gobierno autonómico que después de "haber ganado en reiteradas ocasiones y en diferentes tribunales sentencias sobre el fondo del asunto, esta ley es perfectamente constitucional".

Asimismo, señala que el Tribunal Supremo no resuelve sobre el fondo del asunto, sino que "acuerda dar traslado al máximo órgano constitucional, para que éste decida si la competencia en cuestiones de coordinación de la planificación general de la actividad económica, que tiene el Estado de forma exclusiva, tiene preferencia frente a las competencias de autonomía financiera y autoorganización de la comunidad autónoma".

Del mismo modo, añade el Gobierno regional que desde 2012, año en el que entró en vigor la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, "la misma se ha venido aplicando con éxito, sin que los tribunales hayan puesto en entredicho su contenido".

Por ello, dicen que "el comportamiento de los dirigentes de las organizaciones sindicales implicadas llama la atención, puesto que son los mismos que negaron la crisis cuando ésta ahogaba a Castilla-La Mancha, y en la actualidad también niegan la recuperación económica cuando en nuestra región la generación de empleo es una realidad".

"Con esa actitud demuestran que su único y principal objetivo ha sido y es mantener los fondos recibidos de la Administración, a pesar de que esto pueda suponer la puesta en riego de la Sanidad, la Educación o los servicios sociales básicos de los ciudadanos", ha concluido el Ejecutivo regional.