Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, procedieron a la detención, el pasado 27 de abril, de una mujer de 42 años de nacionalidad española y residente en una localidad de Navarra, sin antecedentes penales, como autora de un delito contra la Administración de Justicia.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de septiembre del año 2014, cuando una mujer denunciaba el robo con violencia o intimidación, por parte de un joven, en la madrugada del día 29 a la salida de una conocida sala de fiestas de esta ciudad, apoderándose del bolso que portaba con sus objetos personales y un teléfono móvil de última generación, sin llegar a causarle lesiones.

Por investigaciones posteriores se pudo comprobar que el referido teléfono había estado siempre en posesión de la víctima y en la actualidad seguía en posesión de un familiar de la denunciante. Todo ello sin haber pasado por dependencias de esta Jefatura Superior para comunicar la recuperación del mismo y en su caso, retirar la correspondiente denuncia.

Siete casos en 2015

Los hechos referidos suelen ser habituales. En lo que va de año se han podido detectar siete casos en la Jefatura Superior de la Rioja. En la mayoría de ellos se denuncia el robo o hurto de un terminal móvil de última generación con la única finalidad de hacer efectivo el cobro de la póliza de seguros o la reposición por parte de las compañías telefónicas para poder seguir en posesión del teléfono denunciado o simplemente venderlo.

Simular un delito es una infracción penal contra la Administración de Justicia, consistente en denunciar ante la Policía un hecho del que se dice ser víctima o responsable del mismo, o por el contrario, denunciar una infracción inexistente, con el fin de eludir las responsabilidades penales o administrativas que de ellas deriven, o bien intentar obtener una indemnización de las compañías aseguradoras, incurriendo así en un delito de estafa por cobro indebido de la póliza de seguros.

El Código Penal castiga estas conductas con penas de multa de seis a doce meses, además de lo que correspondería por el delito de estafa, si este último se cometiese. Las mismas ocasionan a la Administración un gran perjuicio, aumentando su carga de trabajo, tiempo y empleo de recursos humanos.

La detenida pasó a disposición de la Autoridad Judicial, junto con las diligencias elaboradas en esta Jefatura, quedando en libertad con cargos.