El presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, ha insistido en que iniciará acciones penales contra la diputada del PSIB Pilar Costa por haberle llamado el "capo de Palma" durante un pleno en el Parlament, después de que este martes no hayan alcanzado acuerdo de conciliación alguno en la comparecencia a la que estaban citados en el Juzgado de Primera Instancia número 9.

La diligencia judicial estaba prevista a raíz de la demanda interpuesta por Rodríguez, tras la cual Costa afirmó que ni a ella ni a su grupo les "taparán la boca".

En declaraciones a los medios, Costa explicó en su día que con esta expresión no se refería a la aceptación de la Real Academia Española (RAE), que indica que un capo es el jefe de una mafia, especialmente de narcotraficantes y que esto "ni se le pasaba por la cabeza". Algo que ha vuelto a alegar durante la comparecencia de este martes.

Además, aseguró que el sentido de sus palabras se "entiende perfectamente" leyéndose el diario de sesiones de la Cámara. "Ni a mi ni a mi grupo nos taparán la boca por denunciar todo lo que huela a corrupción, y menos en sede parlamentaria", incidió Costa.

Precisamente, Rodríguez se encuentra imputado en el marco de la pieza 27 del caso Palma Arena, considerada la ramificación del caso Gürtel en Baleares, que investiga el presunto trato de favor del que se benefició la empresa Over Marketing por parte del Govern presidido por Jaume Matas, y la financiación irregular de la campaña electoral del PP de 2003.

De hecho, el administrador de Over, Daniel Mercado, declaró en su día como imputado que "quien realmente tomaba las decisiones en el PP" Rodríguez, exdelegado del Gobierno y conseller de Interior en la última legislatura de Matas (2003-2007).

Mercado llegó a aseverar que pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos "en B" -dinero opaco al fisco- y que el propio Rodríguez llegó a hacerle uno de estos pagos en las antiguas oficinas del PP. Es más, recordó que los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".

Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores le exhibieron un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.