Unión, Progreso y Democracia (UPyD) adelanta en su programa electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, el impulso de un Plan de Igualdad que cuente "con el mayor consenso posible" que sirva para articular políticas activas de todas las consejerías del Gobierno regional en esta materia, incluyendo medidas que impulsen la enseñanza gratuita de 0-3 años para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

También la equiparación en el menor plazo posible, a través de una debida planificación, de los permisos parentales iguales entre géneros e intransferibles en todos los trabajadores de la administración pública. Incentivos fiscales para las empresas privadas que implanten dicha equiparación y el incremento de las inspecciones de trabajo destinadas a sancionar todas las diferencias de remuneración o promoción por razón de género, raza, edad, religión, orientación sexual o discapacidad.

Otras medidas pasan por la ampliación de los recursos destinados a cubrir las prestaciones por dependencia para que los familiares que dispensan la atención a los dependientes no vean mermadas sus oportunidades de salir al mercado laboral y la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en materia de reducción de jornada y excedencias por razón de cuidados familiares.

Así como garantizar en los contenidos curriculares de las enseñanzas primaria y secundaria el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia de género y promover la edición y distribución de materiales pedagógicos para la igualdad.

UPyD sugiere el desarrollo de un Plan Autonómico de Lucha contra la Violencia de Género y Familiar así como la reforma de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de ámbito nacional para la mejora de los diagnósticos de riesgo de las víctimas para no dejar sin protección a aquellas mujeres que presenten mayor riesgo, potenciar la evaluación de los psicólogos forenses para los diagnósticos de riesgo y aumentar los recursos para esta protección incluyendo el de cambio de identidad cuando esto sea preciso.

Además de establecer medidas de prevención y asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar, incluyendo personas con discapacidad, niños y ancianos y sin discriminación para familias homoparentales, el desarrollo de un Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos en coordinación con la administración estatal o el de un Plan contra el acoso escolar con origen racial, morfológico o de función.

UPyD prevé, asimismo, la aprobación de una Ley integral para la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, sin perjuicio de la promoción de una legislación básica nacional sobre la materia, que incluya medidas de prevención y erradicación de conductas de rechazo y/o discriminación al colectivo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales (LGTB), además de concienciación en el ámbito público y el privado sobre el necesario respeto del derecho de no discriminación a las personas por razón de su orientación sexual o su identidad de género.

Prevención y atención a las situaciones de maltrato

Considera "imprescindible" para que se cumpla el principio de transversalidad en las políticas de igualdad el que exista igualdad de condiciones entre mujeres y hombres durante todas las etapas de su vida, "y para ello que el estado en su conjunto y la sociedad en general identifique e intervenga ante las situaciones en que cualquier persona sufra violencia física o psíquica, en especial en los casos donde por su entorno resulta más difícil para la víctima enfrentarse a la situación y solventarla, como son el ámbito doméstico, el escolar y el laboral".

Considera que las medidas en vigor son claramente "insuficientes", por lo que propone impulsar políticas de igualdad social que eviten todo tipo de discriminación, que permitan la prevención y protección social ante todo tipo de violencia, tanto de género como infantil o de mayores, creando centros de la familia, en vez de los actuales centros de la mujer, y donde los protocolos de actuación en caso de violencia sean lo más rápidos posibles y prestar especial atención a los padres de jóvenes y niños de alta conflictividad creando cursos especializados dirigidos por profesionales.

También encargar a un órgano independiente el estudio y seguimiento de los casos de violencia para así poder identificar objetivamente la información y erradicar en lo posible los fallos más relevantes, y así mejorar en el futuro; impulsar el programa de detección, notificación y registro del maltrato infantil creado en 2003 por la dirección General de Familia y Menor de la Comunidad.

Además, de establecer un protocolo de actuación único al que pueda acogerse la víctima en dichos casos, tanto alumnos como personal docente o no docente; aumentar la autoridad legal del profesorado como representante del poder público, y en consecuencia protegerle legalmente de las agresiones a su persona, responsabilizar a la dirección de las empresas legalmente en posibles situaciones de acoso y establecer un procedimiento de apoyo al que puedan acogerse las víctimas, instando a la recolocación en caso necesario.