El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado este viernes declaración como imputado al responsable de una de las empresas investigadas en la causa por supuesto fraude en las ayudas para cursos a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con compromiso de contratación, quien ha afirmado que la formación se impartió y que la Junta de Andalucía no mandó un inspector durante el desarrollo del mismo.

En esta ocasión estaban citadas dos personas, un hombre y una mujer, ambos relacionados con una empresa constituida en 2007. Se investiga en este caso el curso impartido en 2011 de auxiliar de protésico dental, por el que se le concedieron 75.000 euros de ayuda en virtud de la convocatoria de subvenciones del 15 de diciembre de 2010. Los dos sólo han respondido a su defensa, según han informado fuentes del caso.

Así, al hombre se le ha preguntado sobre el desarrollo del curso, que contó con más de 700 horas y al que se inscribieron 15 alumnos, y también respecto a las gestiones para conseguir la subvención, de la que no se ha hecho una liquidación definitiva —es decir, falta un 25 por ciento por pagar— ni se ha iniciado expediente de reintegro. Así, según las fuentes, el responsable de la sociedad ha declarado que el curso se llevó a cabo de la forma prevista.

Asimismo, ha apuntado, según las mismas fuentes, que aunque la Junta no mandó un inspector, de forma interna por parte de la empresa sí se llevaba un control de asistencia y se daba cuenta online, a través de una aplicación informática, del desarrollo del curso, aportando los datos que se requerían en dicho programa. La mujer se ha desvinculado de las tareas de administración, aunque tiene un porcentaje en la empresa.

Según uno de los informes elaborados por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tras el curso, "al parecer, no contratan a nadie". El fiscal le ha preguntado por este compromiso de contratación, pero el investigado sólo ha respondido a su letrado. Las fuentes han señalado que desde la defensa se dará respuesta a las cuestiones por escrito y presentando la documental correspondiente.

Las investigaciones iniciales del grupo de Seguridad Social de la UDEF se centraron en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en total— en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010, aunque, posteriormente, las pesquisas se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en 10 subvenciones.

Los agentes de la UDEF relatan en los informes remitidos tanto a la Fiscalía como al juzgado instructor que las irregularidades se habrían producido tanto previamente a conceder la ayuda, por supuesta falta de capacitación de empresas a las que se dieron fondos; y también posteriormente, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

En esta causa, se investigan posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. Además de las personas responsables de impartir los cursos, también deberán declarar los responsables de los mismos en la administración andaluza y alumnos y profesores, en este caso, como testigos.