La Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado' ha convocado para este lunes, 27 de abril, una concentración silenciosa ante las puertas de los juzgados, coincidiendo con el juicio previsto para esa fecha contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, que deberá ocupar el banquillo para responder de un presunto delito de desobediencia.

La federación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que ha convocado a partir de las 09.15 horas a diferentes colectivos sociales ante las puertas del Juzgado de lo Penal número 2. Dicha movilización fue acordada el pasado 9 de abril en una reunión a la cual se convocó a los diferentes colectivos sociales de Valladolid para diseñar las acciones a llevar a cabo.

En la misma se decidió ir con una serie de carteles alusivos al hecho y reclamando Justicia. También se acordó permanecer en silencio mientras se desarrolla el juicio para evitar una posible suspensión del mismo.

Precisamente, la Federación 'Antonio Machado' figura personada en la causa contra el alcalde como acusación particular por el caso de los áticos del edificio de Caja Duero de la Plaza de Zorrilla y solicita para él dos años de inhabilitación especial para ejercer cargo público, 90.000 euros de multa y el pago de las costas judiciales, mientras que la Fiscalía pide 15 meses de inhabilitación, 15.000 euros y costas.

En su escrito, la federación sostiene que el alcalde estaba obligado y era personalmente responsable de dar cumplimiento a la sentencia que había dictado la Sala de lo Contencioso-Administrativo el día 28 de abril de 2008 anulando las licencias concedidas para rehabilitar el edificio situado en la Plaza de Zorrilla, de Valladolid, con vuelta a las calles Santiago y María de Molina, y que "a pesar de los sucesivos requerimientos del tribunal, que llegó a requerirle hasta en cinco ocasiones bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad penal, no le dio cabal cumplimiento hasta después de haber formulado el Ffiscal la denuncia que ha dado origen a este proceso".

En el mismo escrito la Federación dice que "el señor León de la Riva era, como Alcalde, la persona encargada de dar cumplimiento a la sentencia, porque a él le corresponde el gobierno y la dirección del Ayuntamiento [artículo 21.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local], porque el Ayuntamiento jamás comunicó al tribunal que fuera otro órgano el responsable del cumplimiento de la sentencia y porque reiteradamente la sala le ordenó que la cumpliera, incluso con el apercibimiento de que podía incurrir en responsabilidad penal si así no lo hiciese".

La acusación particular recuerda "las reiteradas negativas del acusado (que además de alcalde era adquirente de una de las viviendas y vicepresidente de la entidad inicialmente propietaria de la totalidad del edificio antes de la rehabilitación, Caja Duero), a dar cumplimiento a lo ordenado" y destaca alguna especialmente llamativa, como la que hace referencia a la actuación de su mujer en cierto momento del procedimiento: "Poco después de ser dictada la sentencia, el día 26 de mayo de 2008, la esposa del acusado, doña María Mercedes Rafael Santamaría, solicitó del tribunal que declarase la nulidad de todas las actuaciones, invocando su condición de copropietaria de una de las viviendas del inmueble, por pertenecer a la sociedad de gananciales y no haber sido parte en el proceso, pretensión que fue rechazada por auto de 16 de julio de 2008".

La conclusión de Federación es clara: "Se ha tardado, pues, cinco años en ejecutar unas obras cuya duración normal sería de cinco meses (plazo fijado por 'Núcleo, S.A.' si se hubiesen ejecutado simultáneamente las dos fases) y jamás se ha llegado a hacer efectivo el cese de la utilización del edificio, uso que era ajeno a cualquier clase de obras y que fue también expresamente ordenado".