Cantabria cuenta con una media de 12,8 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la comunidad autónoma como la segunda con una mayor ratio en España, según un informe realizado por la Cátedra Observatorio Social y Económico de la Justicia, impulsada por el Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac) y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Según este estudio, consultado por Europa Press, solo Asturias, con 14,1 jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes, tiene una ratio superior a la de Cantabria. La de España es de 11,1.

Con una ratio superior a la media nacional, se sitúan, además de Asturias y Cantabria, Galicia (12,1); Canarias (12); Castilla y León (11,9); Baleares (11,7), y La Rioja (11,5).

Ya por debajo de la ratio de España, se encuentran, según este informe, Madrid (10,7); Aragón (10,6); Andalucía (10,5); País Vasco (10,4), y le siguen, con 10,2 Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia; Extremadura y Navarra, con 10,1, y en último lugar Castilla-La Mancha (8,8).

El informe alerta de las consecuencias que habría tenido el primer anteproyecto impulsado por el exministro Alberto Ruiz Gallardón, ya que preveía la supresión de los órganos judiciales actuales y su sustitución por Tribunales Provinciales de Instancia.

El coautor del estudio, el catedrático de Derecho Procesal de la UAB, Manuel Cachón, ha advertido de que ese anteproyecto, aunque se ha modificado, "no está enterrado y puede resucitarse en cualquier momento".

En la presentación de este primer estudio de la Cátedra, el conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, ha opinado que el anteproyecto hubiera sido una "auténtica catástrofe desde el punto de vista del servicio al ciudadano".

Con los datos que arroja el estudio, España se sitúa lejos de la media europea, con 21 jueces por cada 100.000 habitantes.

El presidente del Cicac, Abel Pié, ha afirmado, en declaraciones a los medios, ha mantenido que ninguna de las reformas de la justicia impulsadas por el Gobierno español en las últimas dos décadas ha contemplado el aumento de la plantilla de jueces, que serviría para que la justicia fuera más rápida, más eficaz y más eficiente.

Además, ha advertido de que el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que está en trámites en las Cortes prevé "concentrar en vez de ampliar", ya que permitirá que en caso de colapso en un juzgado se traslade parte del trabajo a otro tribunal, lo que comportará más colapso, según Pié, que ha subrayado que los jueces no pueden absorber más carga de trabajo.

ENMIENDAS

En la presentación, Gordó ha señalado que, pese a que la consecuencias del nuevo proyecto de ley son "mucho más limitadas", la filosofía es similar, por lo que ha anunciado que el grupo parlamentario de CiU en el Congreso presentará este jueves varias enmiendas contra la ley, al no prosperar la enmienda a la totalidad presentada previamente.

Entre las enmiendas que presentarán, ha señalado, por ejemplo, una por el hecho de que el proyecto de ley no contempla la creación de los Consejos de Justicia como establece el Estatut.

Pedirán también aumentar las competencias de los juzgados de paz para que puedan asumir más procesos, y que el catalán en la administración de justicia sea un requisito obligatorio.

En este sentido, ha explicado que no se obligará a los jueces de otras comunidades autónomas a aprender a hablar catalán, pero sí a poder atender a los ciudadanos en este idioma pasado un plazo de tiempo desde su llegada a Cataluña.