El Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha citado a declarar este jueves a cuatro testigos en el marco del caso que investiga al alcalde de la localidad, Ernesto Marín (PP), por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, está citado a declarar el exedil socialista y antiguo responsable del área de Urbanismo Joaquín Muriano, que fue quien en septiembre de 2014 presentó la denuncia que ha dado lugar a este procedimiento.

Así consta en una providencia del juzgado del pasado 30 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press. Los testigos citados este jueves son el secretario general del Ayuntamiento chiclanero, el interventor, el habitual letrado del Consistorio y la concejal de IU Ana Rodríguez.

En un auto previo, concretamente del 26 de enero, el juzgado indica que, una vez sean practicadas las testificales antes referidas, "se señalará fecha para que Ernesto Marín declare en calidad de imputado".

Dicho auto acordaba la incoación de diligencias previas al apreciar indicios de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos por parte del alcalde, toda vez que el relato de los hechos del denunciante "aparece apoyado en documentación oficial del Ayuntamiento de Chiclana".

La denuncia

La denuncia que ha dado pie a este procedimiento, a la que ha tenido acceso Europa Press, se basa en una serie de acuerdos y resoluciones administrativas adoptados por Marín entre el 4 de noviembre de 2008 y el 26 de marzo de 2014 con la supuesta intención de impedir la moción de censura acordada por PSOE, PSA e IU en octubre de 2008.

Entre otras actuaciones "prevaricadoras" que atribuye al alcalde, figura el decreto dictado, "abusando del cargo que ostenta", para que el Ayuntamiento ejercitase acciones penales contra Muriano en relación a una licencia de obra que "no contaba con informe desfavorable ni advertencia de ilegalidad".

Sostiene que el alcalde utilizó "el orden jurídico-administrativo, la personalidad jurídica y los recursos económicos del Ayuntamiento para interponer una querella contra un rival político" por un "interés partidista".

Asimismo, argumenta que las querellas fueron interpuestas "en nombre y representación del Ayuntamiento, pero sin contar con éste", ya que "no consta propuesta de resolución, no consta trámite de audiencia al interesado, no consta petición de dictamen previo a la secretaría general, no consta ningún dictamen jurídico previo a la resolución para la interposición de acciones y no consta notificación personal a Joaquín Muriano".

Con todo, relata que el alcalde autorizó gastos a cuenta del Consistorio para llevar a cabo el procedimiento, contratando a un abogado externo al Ayuntamiento, estimando el denunciante que ha incurrido en "una clara malversación". Según sus estimaciones, la cuantía total ronda los 50.000 euros.

Una vez terminadas las diligencias previas por parte del juzgado, el Ministerio Fiscal solicitó en diciembre de 2013 el sobreseimiento provisional de la causa contra Muriano al entender que no existen indicios de delito en su actuación.

En enero de 2014, el juzgado acordó el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, según el denunciante, Marín adoptó "una nueva resolución prevaricadora" al decidir en abril de ese año que el Ayuntamiento recurriera el auto de sobreseimiento "para dilatar el asunto el mayor tiempo posible".

Muriano hace referencia a la "pena de banquillo" que ha padecido como consecuencia de la actuación del alcalde, teniendo que "soportar" que Marín y otros rivales políticos lo "descalificaran" en base a su imputación tras "unas querellas sin fundamente, fabricadas y mantenidas en el tiempo para ello, usando la personalidad y los fondos del Ayuntamiento".