El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha abogado por establecer un marco "estable" de subvenciones para que las entidades y las ONG que trabajan en el ámbito de los servicios sociales puedan planificarse, "sin estar año a año luchando contra la administración y con la incertidumbre" de saber si pueden o no disponer de apoyo económico para sus proyectos sociales.

Clavijo ha hecho estas declaraciones al reunirse con una veintena de colectivos de trabajo social en Lanzarote, donde señaló que cuando se trabaja con personas "es muy difícil y complicado cumplir a rajatabla" los requisitos que crean las administraciones para poder ajustarse a los pliegos de subvenciones.

Añadió que aunque deben ajustarse a la Ley estatal de Subvenciones, "sí es posible buscar fórmulas mediante convenios plurianuales", lo que permitiría ofrecer a estos colectivos "un marco estable" a cuatro años vista de subvenciones que les permitirá saber la cuantía de la ayuda en los años siguientes para poder programar sus trabajos.

Asimismo, resaltó la necesidad de que la administración autonómica "ayude a los que ayudan" en cuanto al trabajo "impagable" que realizan los colectivos y las ONG de trabajo social, resaltando la necesidad de "rebajar la carga burocrática que están soportando estas entidades en la actualidad para que la asuma la administración" con el objetivo de que "puedan hacer más trabajo de calle y dedicar menos recursos, como ahora se ven obligados a hacer, de mesa".

En relación a esa menor carga burocrática o flexibilización de la gestión de las subvenciones, puntualizó que "no significa menos control sobre el uso del dinero público" que, dijo, "se mantendrá pero con inspección sobre el terreno", en concreto, centrando el análisis más en los resultados obtenidos por los proyectos que en la cumplimentación de formularios.

Clavijo resaltó que el objetivo en materia de servicios sociales es ofrecer un tratamiento integral a las personas, buscar "siempre" su reinserción social y "no tan solo la ayuda puntual". Por lo que afirmó que coincidiendo con las sugerencias planteadas por los colectivos "es necesario que la gestión de las ayudas y los recursos recaiga en los ayuntamientos que tienen un conocimiento real de la situación de cada familia y pueden prestar soluciones específicas para cada problema puntual".

"Los casos nunca siguen estándares y cada familia, cada persona que acude a los servicios sociales necesita una respuesta específica para su específica casuística", apostilló.

Añadió que cuanto "más se aleja la gestión y la respuesta al problema de la calle, más difícil es entender que detrás de cada expediente hay una persona o una familia", de ahí que se comprometió a aprobar en los primeros seis meses de mandato una nueva Ley de Servicios Sociales, que debe enriquecerse con las aportaciones de las ONG y trabajadores sociales para "aclarar la maraña administrativa actual, clarificar el reparto de competencias y fijar en los ayuntamientos la mayor parte de los recursos; siempre acompañados de su correspondiente ficha financiera".

Finalmente, consideró que todo ello "es fundamental" para "humanizar" los Servicios Sociales y acercarlos a los ciudadanos porque son los trabajadores sociales de los ayuntamientos los que "conocen de primera mano la realidad de su entorno y saben cómo y de qué forma prestar la mejor atención a cada caso".