El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que muestre su posicionamiento sobre la "mercantilización" de los registros civiles a partir del próximo mes de julio, cuestión que ve como "otro ataque" del Partido Popular a los servicios públicos y a los derechos de los ciudadanos.

La diputada socialista Beatriz Sestayo ha comparecido este viernes en rueda de prensa acompañada por varios funcionarios de estos registros, durante la que ha alertado del "enorme retroceso" que esta "privatización" supondrá en un servicio que tiene su origen en 1871 "sin que se haya producido ninguna queja sobre su funcionamiento".

"El propio director xeral de Xustiza afirmó que, desaparecido el nicho de la construcción, era necesario compensar a los registradores de alguna forma. Esa compensación se hace a cargo de la supresión de servicios públicos a la ciudadanía", ha denunciado antes de criticar los "vínculos" del Gobierno con este sector, al que "incluso pertenece Mariano Rajoy".

Al respecto, ha advertido que, "además de eliminar su gratuidad", su "privatización" pondrá en manos de "entidades privadas" datos "sensibles de miles de ciudadanos". "Hablamos de compañías de seguros o otras entidades de carácter mercantil que ahora tendrán más accesibilidad a nuestros datos", ha apuntado.

Documentación "sensible"

En esta cuestión ha profundizado el portavoz de la plataforma de funcionarios de los registros civiles de A Coruña, Miguel Ferreiro, quien ha advertido de que "cualquier trabajador de estas entidades tendrá acceso a una documentación sensible" sobre miles de ciudadanos y que podrá afectar a aspectos como "adopciones, enfermedades o el estado civil", entre otras.

"Lo grave es que aquí no sólo se expiden las nacionalidades, los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción o cambios en nombres y apellidos", ha indicado antes de advertir que "el Gobierno pretende ampliar las labores que día a día hacen" estos puntos y "cobrar por cuestiones como el libro de familia".

Asimismo, ha señalado que, una vez privatizados, los registros civiles "sólo operarán en las capitales de provincia", por lo que muchos de sus usuarios "se verán obligados a desplazarse hasta 60 kilómetros" para hacer sus trámites.

"Hay mucha gente que acude a diario por ejemplo, a buscar una fe de vida para cobrar sus pensiones, gente que, dado el caso, tendrá que renunciar a sus pensiones porque les será imposible desplazarse. Es como volver a los años 50", ha lamentado Ferreiro.

Por todo, la diputada socialista ha avanzado que el PSdeG, además de las diferentes iniciativas presentadas en la Cámara gallega, llevará a todos los municipios gallegos mociones para que las diferentes fuerzas políticas se posicionen sobre este "nuevo ataque a los servicios públicos".