El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado la suspensión automática de la Ley canaria de Vivienda al haber admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra esta norma, aprobada en junio de 2014.

El Pleno ha acordado dicha suspensión al haber invocado el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que le permite impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.

La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

El TC aclara que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.