El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el fallo judicial del Juzgado de Lo Social número 1 de Oviedo que consideraba improcedente el despido de la trabajadora de la Cámara Agraria del Principado de Asturias, en proceso de liquidación. En virtud de la sentencia, la empleada tendrá que ser indemnizada con 75.109 euros, y tendrá que percibir otros y 63.315 en concepto de salarios atrasados y liquidaciones.

El TSJA desestimó el recurso interpuesto por la Consejería de Agroganadería y por la Comisión Liquidadora de la Cámara Agraria contra la primera sentencia, en la que se calificaba de "temeraria" la forma de proceder ambos órganos codemandados.

La decisión judicial se basa en que la decisión del despido no fue tomada por la Comisión Liquidadora, sino exclusivamente "por su presidenta", María Ángeles González García, del sindicato Asaja. De hecho, señala que en el momento de comunicarse el despido a la empleada, en julio de 2014, la Comisión solo había celebrado una única reunión, la de su constitución, realizada unos días antes, y en la que no se había tratado este asunto.

La sentencia ratificada por el TSJA rechazaba la imposición de multa temeraria solicitada por la Comisión y la Consejería contra la trabajadora, entendiendo que "la única actuación temeraria, de existir, sería la de los codemandados, que permiten que dos trabajadores continúen prestando sus servicios, sin prácticamente ocupación, sin abonarles sus salarios durante casi dos años, sin adoptar ninguna medida para poner fin a tal situación, cuando ambos demandados era conocedores de la situación desde al menos el año 2010, y la Administración demandada ejercía la tutela de esa Camara Agraria por disposición de la ley".

El diputado de Foro Asturias en la Junta General, Juan Ramón Campo, criticó el pasado 12 de marzo en una invervención parlamentaria la actuación de la Consejería de Agroganadería en este proceso por, entre otros aspectos, el procedimiento irregular seguido y el coste económico que a su juicio conllevaría para las arcas públicas. Según sus cálculos, rondaría los 140.000 euros, resultado de la suma de indemnización, atrasos, liquidaciones, recursos y costas.