El alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño, declarará el 23 de abril como imputado en el Juzgado de O Carballiño por supuesto delito contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias, en relación con la documentación de la parcela del pueblo de A Almuzara, en la que certificó la existencia, en 1999, de una vivienda construida diez años después.

Según un documento judicial al que tuvo acceso Europa Press, el regidor, del PP, debía declarar este miércoles 15 de abril a las 10,30 horas, pero acordó después acumular esta causa, abierta por denuncia de ediles de Moveboborás, PSOE y BNG y un particular, con la investigación de oficio de la Fiscalía de Ourense. La citación definitiva le convoca como imputado para el día 23 a las 12,00 horas.

La declaración de Caamaño será en relación al perímetro del núcleo rural tradicional de A Almuzara, considerado como tal en el plan general de ordenación municipal (PGOM) aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 2011. Un vecino particular y los partidos de la oposición denunciaron ese PGOM en el juzgado contencioso, y pidieron su anulación "en lo que concierne al núcleo tradicional de A Almuzara, por ser disconforme a derecho".

Según el denunciante particular, una planimetría oficial del año 2010 incluía una parcela de su propiedad con una edificación tradicional "que no existe en la actualidad ni jamás existió en tiempos pretéritos".

Según su denuncia, esa edificación "primitiva" fue "inventada" para justificar una ampliación del núcleo rural tradicional de A Almuzara con el fin de que "quedase incluida en el mismo la parcela del alcalde y su esposa, y legalizar así una vivienda suya".

Una sentencia del TSXG de mayo de 2014, estimó la demanda parcialmente, en lo referido al núcleo rural, pues "el tope" establecido para núcleo rural tradicional, de 50 metros desde la última edificación, "resulta ilegal ante la inexistencia manifiesta de la construcción primitiva" que origina ese tope, y que se refiere a la vivienda del alcalde certificada en 1999, "inexistente" hasta 2008, en una finca de propiedad compartida con su esposa.

Los mismos denunciantes reclaman ahora "responsabilidades penales" del alcalde por "favorecer las condiciones urbanísticas de una parcela de su propiedad y de su esposa, en detrimento de la legalidad urbanística, con manipulaciones intencionadas que ya acarrearon la anulación por sentencia judicial, de los límites del núcleo rural tradicional" de A Almuzara, según la denuncia presentada en febrero de 2015.

No había edificación tradicional

Según la denuncia que originó la investigación judicial, la redacción y elaboración del PGOM de Boborás contaba con documentos que constataban "debidamente" las edificaciones tradicionales existentes en el núcleo de A Almuzara, dejando fuera la parcela del alcalde y su esposa. Ella presentó alegaciones en las que sólo se refirió a la parcela, situada en suelo clasificado como rústico de protección y por tanto, no urbanizable.

La otra parcela propiedad del denunciante particular se detalla como rústica sin edificación tradicional en su interior, pues sólo tenía en ella un pequeño invernadero y un abrevadero, y así consta en los documentos del PGOM de Boborás, un acta notarial y el sistema cartográfico Sigpac, hasta que en el año 2010 aparece "por primera vez" en la documentación oficial, y "se inventa" una edificación primitiva en la parcela del particular.

"Se inventó esa edificación, inexistente, para ampliar la delimitación del núcleo rural tradicional, al objeto de incluir en él la parcela propiedad del alcalde y de su esposa, y así legalizar la edificación, que comenzaron después, a partir de 2008", según la demanda de partidos políticos y vecino particular.

En 2010, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas "resolvió no dar la aprobación definitiva al PGOM de Boborás por la falseada clasificación del suelo en el núcleo rural de A Almuzara, y por no justificar la delimitación de área de expansión".

Arquitectos en connivencia

Según los denunciantes, el equipo redactor del PGOM "a instancia del alcalde querellado y en connivencia con él", mantuvo la "preexistencia de una edificación tradicional inexistente" para ampliar la zona de A Almuzara y "poder legalizar en definitiva, la vivienda del querellado y su esposa, construida desde 2008, sobre suelo rústico".

El alcalde falseó además, según la denuncia, la fecha de construcción de su vivienda pues la dio de alta con fecha de 1999 "cuando en realidad fue edificada a partir de 2008". La construcción edificada sobre suelo rústico "y por tanto ilegal, fue denunciada en 2011 por un edil de Moveboborás ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia, que archivó la denuncia".

La vivienda fue legalizada por decreto del Ayuntamiento de Boborás del mismo día que el de la aprobación del PGOM, el 16 de diciembre de 2011.

La denuncia acusa al alcalde de "manipular la planimetría del expediente del PGOM, inventando una edificación inexistente en A Almuzara, para intentar colar una delimitación de núcleo rural tradicional saltándose la legislación aplicable y una delimitación anterior aprobada por la Xunta de Galicia, para favorecer a una parcela próxima a la del alcalde y su esposa, en la que querían legalizar una edificación de su propiedad, construida desde 2008 sin licencia y en suelo rústico".

Los ediles de la oposición y el propietario de la parcela vecina a la del alcalde consideran a éste autor de un delito contra la ordenación del territorio, falsedad documental y tráfico de influencias. Pidieron la declaración como imputado, del alcalde, y como testigos, a su esposa, al arquitecto redactor del PGOM, al arquitecto municipal y a un tercer técnico autor del proyecto de delimitación del núcleo rural de A Almuzara.