El Juzgado de lo Penal 2 de Almería acoge este miércoles el arranque de la vista oral contra el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, acusado de autorizar una parcelación para construir 37 viviendas unifamiliares en el paraje Los Carasoles siendo "conocedor" presuntamente de que se había prescindido de manera "absoluta" del procedimiento administrativo legalmente establecido y de que era suelo no urbanizable.

Junto a él, están imputados el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, otro exedil y también el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel. Todos se enfrentan a una petición fiscal de 18 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial en un juicio que está previsto quede visto para sentencia el próximo viernes.

La Fiscalía indica en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la mercantil Promobel Rocosa solicitó en diciembre de 2004 una licencia para la parcelación urbanística de un terreno rústico de su propiedad, dividiéndolo en 37 parcelas para la construcción de otras tantas viviendas unifamiliares.

La solicitud dio lugar a un expediente en el marco de cual presuntamente Carlos Domingo Berbel emitió dos informes en los que afirmaba que la referida parcela "estaba dentro de la Delimitación de Suelo Urbano (DSU) aprobada en pleno y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" aunque lo hizo, según dice, "omitiendo deliberadamente" para que fuera concedida que ninguno de los dos instrumentos había entrado en vigor.

Habría omitido, por tanto, que, conforme a la normativa vigente, el suelo no era urbanizable y la parcelación no estaba permitida, a lo que el fiscal añade que "no se emitió" en el expediente administrativo el preceptivo informe jurídico.

Trabalón y los dos excargos públicos están acusados por su participación en la Comisión de Urbanismo celebrada en febrero de 2005 y en la que votaron "a favor de la licencia solicitada, haciendo constar que acordaban por unanimidad informar favorablemente el parcelario propuesto por la promotora".

El Ministerio Público estima que "todos ellos conocían" que en la tramitación del expediente se había prescindido "absolutamente" de procedimiento administrativo legalmente establecido "pues se había omitido —subraya— el informe jurídico preceptivo y que la parcelación era contraria a la normativa urbanística".

En el caso de Tijeras añade que supuestamente dicto un decreto ese mismo día en que se celebró la comisión en el que acordaba conceder autorización a la parcelación "sabiendo que la ley las prohíbe en suelo no urbanizable" y que en mayo, habría expedido una licencia "en la que expresaba que en Zurgena no era preceptiva ni para fincas urbanas ni para rusticas la correspondiente licencia de segregación".

"No obstante, inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en 37 parcelas y calificaba la parcelas como de naturaleza urbana cuando sabia que eran suelo no urbanizable, expresaba la superficie de las parcelas restantes e, incluso, hacía constar que la superficie restante de la finca matriz serían destinadas a viales".

La Fiscalía imputa a los acusados la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio de los artículos 320.1 y 320.2 de Código Penal.

Entramado judicial

En diciembre de 2014, el Juzgado de lo Penal 3 de Almería condenó a 15 meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Trabalón, y a siete exediles de la corporación que votaron en pleno a favor de la concesión de una licencia para la construcción de ocho edificios de tres plantas y 202 viviendas, así como dos piscinas en la barriada de La Alfoquía.

Consideró que lo hicieron "a sabiendas de su injusticia", ya que señalaba como un dato "constatado y claro" que se trataba de suelo no urbanizable" y que dieron el voto favorable pese al informe técnico desfavorable.

Cabe recordar que Trabalón, quien, según sostiene la dirección regional del PA, fue expulsado de sus filas en diciembre de 2012, está procesado en el llamado caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público.

Entre los otros 23 acusados están exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

En los otros dos procedimientos de los múltiples que enfrenta en los que se ha celebrado ya juicio, en uno se dictó absolución y en un segundo, tras ser condenado en primera instancia, la Audiencia Provincial de Almería revocó el fallo y dictó también la absolución.