El diputado autonómico electo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Antonio Saldaña, ha insistido en que la querella de la empresa Urbanos Amarillos contra el Ayuntamiento tras la decisión de rescindir el contrato por el que gestionaban el servicio de autobuses urbanos "no tiene mucho sentido", y sí una "intencionalidad" de "presionar" al gobierno municipal en la fase actual negociación de la liquidación del contrato.

En declaraciones a los periodistas a su salida del Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez, Saldaña —que ha estado declarando 40 minutos ante el juez en calidad de imputado-_ ha manifestado que la decisión de "rescatar" en servicio en mayo de 2012 se tomó "por el bien" del servicio público de autobuses urbanos, "tras meses de huelgas y una pérdida importante en el número de pasajeros", y "bajo ningún concepto" con el propósito de "entorpecer" a la empresa.

Así, el portavoz municipal ha considerado "curioso" y "significativo" que en su denuncia la empresa alegue que "se le ocultaron las condiciones económicas" en la que estaba Ayuntamiento jerezano para la firma del contrato de la concesión, y eso les "indujo a un error" en la rúbrica de dicho acuerdo.

En este sentido, Saldaña ha explicado que le ha trasladado al juez que dicha firma se produjo "siete meses antes de que el PP llegara al gobierno local" y que en aquella época era "público y notorio" la situación "de impagos" en la que se encontraba el Consistorio jerezano, por lo que, de entender que habría "algún tipo de error", se lo tendría que haber planteado a "otras personas", en alusión al gobierno socialista de Pilar Sánchez.

Para el primer teniente de alcalde, los argumentos de Urbanos Amarillos para imputarle los delitos de apropiación indebida, prevaricación, administración desleal y estafa, sumados a las "presiones" que supuestamente le estaban realizando "algunos avalistas", demuestran su "intencionalidad" de "presionar" en la "negociación abierta" que mantienen los técnicos municipales y los de esta empresa por la liquidación del contrato.

A este respecto, ha manifestado a la ciudadanía la "tranquilidad" de que no les van a presionar "en nada", y ha confiado en que esta imputación quede reducida "a un acontecimiento" por una "utilización" de un procedimiento que entienden que "no es el razonable".

De igual manera, Saldaña ha reiterado que "lo importante" es que después de "muchas decisiones" el servicio de autobuses urbanos "está funcionando".

Además del primer teniente de alcalde y los delegados de Movilidad, Economía y Seguridad y Personal, Agustín Muñoz, Enrique Espinosa y Javier Durá, respectivamente, en la jornada de este martes, el juez ha citado a técnicos municipales entre esta jornada y el miércoles. El jueves será el turno de miembros del comité de empresa de Urbanos Amarillos.

Cabe recordar que la alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), ya acudió a declarar voluntariamente a los juzgados en noviembre por este caso, habiendo quedado por el momento fuera del proceso por su condición de senadora.