El PSOE de Valladolid ha insistido este martes en su petición para que el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, dé explicaciones sobre la compra del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda y los polígonos industriales de Portillo y Canal de Castilla, todos ellos ubicados en la provincia vallisoletana.

Así lo han expresado el secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo; la procuradora en esta Legislatura y número 2 en la lista a la Alcaldía de la capital vallisoletana, Ana Redondo; y el que fuera también procurador socialista y presidente de la Comisión de Hacienda en las Cortes Pedro González.

Los socialistas consideran que Tomás Villanueva tenía que saber algo sobre estas actuaciones, que han calificado de "perla negra" en el caso de Arroyo o "pelotazo" en Portillo, que han supuesto un "agujero" a la Agencia ADE, asumido por la Consejería de Economía, de más de 350 millones de euros.

En el caso del edificio de Arroyo, los socialistas han explicado que un contrato inicialmente de alquiler por 100 millones de euros durante 20 años con opción a compra se transformó en una adquisición por 70 millones y por el que se ha citado a declarar a una veintena de personas, entre ellas responsables de la Junta.

Además, el PSOE ha asegurado que el edificio en cuestión está valorado por parte de la Junta en 41 millones de euros, por lo que el "indecente pelotazo" ha provocado 30 millones de euros de pérdida patrimonial, ha agregado Izquierdo.

Los socialistas también han explicado que en el caso de Portillo se pagó 35 millones de euros a una empresa por algo valorado en 10; y en el caso del Polígono Canal de Castilla, las empresas intermediarias no pagaron a los propietarios y recibirán parcelas urbanizadas a cambio de unos terrenos que no han pagado, información sobre la que darán traslado a la Fiscalía de Valladolid para intentar aclarar un asunto "desastroso, turbio".

Polígono sin empresas

Pedro González ha asegurado que además estos terrenos con un "erial", sin empresas implantadas, que se valoraban a 3 euros el metro cuadrado, se compraron por empresas y se vendieron a ADE a 20 euros el metro. "Alguien se lo ha llevado", ha asegurado, tras lo que ha insistido en que detrás siempre están las mismas empresas.

Todo ello, ha agregado, con el "consentimiento" de la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, y de Villanueva, ha afirmado Pedro González, quien además ha asegurado que algunos de los responsables de estas sociedades son "íntimos amigos" relacionados con el propio consejero. Asimismo, ha augurado que "habrá más situaciones rocambolescas" relacionadas con alquileres.

Javier Izquierdo considera que "cuando menos" el consejero tiene responsabilidad en la elección de sus cargos y en el control y "vigilancia" de sus subordinados, ya que consideran que de estas operaciones tenían que tener conocimiento el que fuera secretario general de la Consejería Rafael Delgado. Además, ha cuestionado cuántos institutos o centros de salud se podrían construir con este dinero o cuánto se podrían reducir las listas de espera o compensar los "recortes" en Dependencia.

En este sentido, Ana Redondo ha incidido en que ya el Consejo de Cuentas ha advertido de "irregularidades" e incluso de "ilegalidades" en algunas contrataciones de la ADE e incluso propuso revisar los contratos individualmente, algo a lo que el PP se opuso en las Cortes. "No es que haya desconocimiento, hay encubrimiento derivado de la oposición del PP a que se investigue", ha añadido.

Redondo ha recordado que, desde 2008, hasta en 18 ocasiones el PSOE ha pedido explicaciones y la comparecencia de Villanueva y Hernández, pero no lo han hecho o han proporcionado información insuficiente.

La que fuera procuradora ha asegurado que no se pueden creer que Villanueva no supiera nada de estas cuestiones y ha incidido en que el consejero "se va" y no puede hacerlo "sin más", pero se ha aventurado a señalar que "a lo mejor" se va a otro puesto "con prerrogativa de fuero". A su juicio, tiene que asumir su responsabilidad política, aunque luego se vea si la hay penal.

Petición reiterada

Ana Redondo, quien ha expresado el respeto a la actuación judicial, ha recordado que desde su responsabilidad política se pidió la comparecencia de Tomás Villanueva el día 26 de marzo y no se ha producido, cuando sí es posible a pesar de que se hayan disuelto las Cortes, ya que está la Diputación Permanente y el Reglamento permite que cualquier miembro del Gobierno pueda comparecer a petición propia.

En este contexto, Javier Izquierdo ha comparado estas actuaciones con el caso Bárcenas, en el que también se niega conocer lo que hacía el ex tesorero del PP, y considera que Villanueva "al menos debería dar la cara por sus subordinados".

El secretario provincial del PSOE ha señalado como consecuencia de estas actuaciones "graves" un "saqueo" que además supone un encarecimiento del suelo industrial que dificultará la implantación de empresas.

A este respecto, ha añadido que "se está jugando" con el futuro de Castilla y León porque, ha incidido, la gente se queda en el territorio por el empleo y los servicios públicos, cuando todo esto se ve perjudicado.