CSIF Andalucía ha trasladado a los partidos políticos la necesidad de incluir la restitución de los derechos de los empleados públicos y la aprobación de las leyes de Función Pública y de Potestades Administrativas en las condiciones para la investidura del próximo presidente de la Junta de Andalucía.

En este sentido, CSIF-A ha señalado en una nota que estas restituciones deben ir "desde la devolución de todo lo recortado desde el inicio de la crisis a los empleados públicos andaluces, así como la parte recortada de las pagas extra de 2013 y 2014, el 25 por ciento de la extra de diciembre de 2012, la restitución de la jornada de 35 horas semanales, la acción social y otros derechos sociolaborales cercenados a los empleados públicos andaluces, los más recortados de todo el país, desde 2012".

Así, el sindicato ha solicitado por escrito reuniones para que los partidos incluyan estas reivindicaciones en las condiciones que plantean en las negociaciones para la formación del próximo Gobierno de la Junta de Andalucía.

CSIF-A, que ha recordado sus críticas sobre "el uso de los derechos de los empleados públicos en campaña electoral", exige que la restitución de sus derechos sea "ahora una de las primeras medidas del próximo gobierno andaluz".

Así, cree necesaria, además, la convocatoria de la Mesa General de Negociación Común del Empleado Público para negociar cómo recuperar esos derechos que la candidata del partido más votado en las pasadas elecciones prometió que restituiría en caso de ser investida como presidenta andaluza.

Por último, insiste también en la necesidad de llegar a acuerdos para redactar y aprobar una Ley de Función Pública, que establezca los principios y garantías de los empleados públicos andaluces y que sea extensión del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, y la Ley de Potestades Administrativas, que señale las funciones y potestades de los funcionarios de la Junta de Andalucía.

La Central Sindical entiende que, con ambas leyes, se aclararían conflictos sempiternos en la Función Pública andaluza, como el del Concurso de Méritos del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, sin convocarse desde 2011 y en litigio en su anterior convocatoria por la baremación.