El juicio por los atentados del 11-M entra en su fase final con la exposición por parte de la Fiscalía de sus conclusiones definitivas, que podrían recoger una serie de modificaciones en las penas que inicialmente había solicitado para los 29 acusados que se sientan en el banquillo.

Antes de que la Fiscalía abra esta última fase, en la que el resto de las partes -acusaciones y defensas- también darán a conocer a lo largo de este mes las conclusiones finales a las que han llegado durante el juicio, deberá finalizar la fase documental.

Una vez completada la prueba documental, la Fiscalía -representada durante todo el juicio por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y los fiscales Olga Sánchez y Carlos Bautista- comenzará a desgranar sus conclusiones finales.

Todo apunta a que el ex confidente Rafá Zouhier resultará el peor parado, ya que la Fiscalía se inclina por elevar su petición de condena para él de los 20 años que solicitaba inicialmente a los 38.670 años de cárcel que ya pide para el ex minero José Emilio Suárez Trashorras como cooperador necesario en los atentados.

Esta cifra podría también aumentar, no sólo para estos dos acusados sino para todos aquellos a los que se considera directamente responsables de los atentados.

Esto es así porque el cómputo de las penas solicitadas se ha realizado en función del número de víctimas mortales -192- y de heridos, por los que la Fiscalía pide 18 años por cada uno, y en el juicio se han contabilizado un mayor número de heridos, 1.841, de los que estimaba en un principio el Ministerio Público, 1.824.

Nulidad del juicio

Algunos de los abogados defensores de acusados por el 11-M, entre ellos el letrado del acusado por pertenencia a organización terrorista y suministro de explosivos Rachid Aglif, Andrea Chalaris, podrían plantearse la posibilidad de solicitar la nulidad del juicio al considerar que durante su desarrollo se ha producido una instrucción de la causa. Los letrados consideran que el hecho de que en el tribunal haya actuado como instructor provoca en sus clientes una situación de indefensión.

En opinión de los defensores, el hecho de que estas nuevas pruebas se hayan llevado a cabo una vez iniciada la vista oral imposibilita oponerse a las mismas con los argumentos necesarios.

Es decir, los abogados no habrían contado con el tiempo suficiente para aportar indicios en contra o de incluso llevar a cabo periciales que contradijeran las conclusiones de las nuevas pruebas.

Este sería el caso de los nuevos análisis realizados sobre los restos de explosivo localizados en los focos de los trenes y en otros escenarios relacionados con el 11-M, que han expuesto ante la sala los ocho peritos designados por el tribunal.