El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Proyecto de Ley para la Defensa de la Calidad Alimentaria, que armoniza el régimen sancionador en todo el territorio español y actualiza los importes de las sanciones.

La titular del ramo, Isabel García Tejerina, ha explicado que esta normativa era necesaria para que fuera una "realidad la unidad de mercado, a través de un marco común para la defensa de la calidad alimentaria, que contribuirá a la mejora de la competitivad del sistema español".

En concreto, esta norma actualiza la legislación vigente en la materia, que data de 1983, para adaptarse a la normativa europea que regula los controles en el ámbito de la comercialización de productos alimenticios y la persecución del fraude.

La normativa pretende favorecer la competitividad de las empresas

mediante la simplificación y homogeneización de los sistemas de control de la calidad. Para lograrlo, la norma incorpora al ámbito de la calidad alimentaria los principios ordenadores de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que implica que los operadores en las relaciones comerciales, no tienen que cumplir más que una sola regulación.

Se ordena también el sistema de inspecciones y controles aplicado a los alimentos, en las etapas de la cadena de suministro comprendidas entre la salida de los productos de la explotación agraria o sacrificio de los animales, hasta su llegada a los almacenes de logística, previos a los locales de la distribución alimentaria para su puesta a disposición del consumidor final.

Armoniza y actualiza el régimen sancionador

Los sistemas de control son los existentes en la normativa comunitaria, si bien con este texto aparecen por primera vez en España sistematizados en un único instrumento legal y con vocación de norma básica.

En concreto y según ha indicado García Tejerina se armoniza el régimen sancionador en todo el territorio, estableciéndose la tipificación y

clasificación de las infracciones, con cuantías revisadas y que son "disuasorias" para que "no sea rentable defraudar".

El proyecto de Ley homogeneíza y actualiza el régimen sancionador, al dictar normas básicas que establecen qué hechos se consideran infracciones leves, graves o muy graves, y se define una horquilla sobre la cuantía de las sanciones.

Con esta homegeneización, el Gobierno pretende que se salven los obstáculos con los que se encuentran las empresas al recibir un tratamiento distinto según la región en la que desarrollen su actividad, y que los operadores situados en distintos eslabones de la cadena para que todos tengan un tratamiento igual en caso de detectarse irregularidades en su actuación.

También se contempla una actualización de la cuantía de las sanciones, dando así cumplimiento al mandato de la Unión Europea que establece que las sanciones deben ser "eficaces, proporcionales y disuasorias".

En el marco de colaboración con las comunidades autónomas, se procederá a la creación formal de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, que se constituye como un grupo de trabajo que se convertirá en el instrumento básico de cooperación entre las Administraciones públicas competentes y por el que España se anticipará a la regulación europea.