FSP-UGT de La Rioja se ha dirigido al consejero de Justicia, Emilio del Río, para "exigirle la defensa de los intereses de los usuarios y los funcionarios de la Administración de Justicia de La Rioja, mediante su posicionamiento público, claro e inequívoco, en contra de la privatización del Registro Civil".

La Federación entiende que el consejero, "en virtud de su responsabilidad, no puede aplazar su postura hasta pasadas las elecciones, ya que se trata de una problemática con una notable trascendencia social que ni debe ni puede obviar". De hecho, sus homólogos de Cataluña y País Vasco "se han manifestado hoy mismo por medio de distintos portavoces en contra de la privatización prevista por el Gobierno Central".

Desde FSP-UGT recuerdan que, el próximo 15 de julio, entra en vigor la Ley 20/2001 de 21 de julio "que desjudicializa el Registro Civil; si bien, FSP-UGT entiende que esta desjudicialización se puede llevar a cabo manteniéndolo dentro de la Administración de Justicia a través de los Secretarios Judiciales".

Sin embargo, el objetivo del Ministerio "es ceder esta labor a los registradores de la propiedad, ajenos a la administración pública y regidos exclusivamente, por una dimensión comercial en lugar de la de servicio público. Una postura a la que se ha negado rotundamente UGT, quien se ha unido a la manifestación convocada mañana en Madrid por los trabajadores de los Registros Civiles y a la que llama a participar a todos los ciudadanos".

Además, FSP-UGT de La Rioja considera que "la particular idiosincrasia de nuestra Comunidad, en cuanto al excesivo número de municipios y entes locales, y en ocasiones la peculiaridad de sus comunicaciones, condicionadas por su orografía, debe ser determinante a la hora de defender los intereses de los usuarios de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad y que no se convierta en una de tercera categoría, en la que se dificulte el acceso a un servicio público de gran trascendencia social".

Además, en La Rioja "cabe añadir el servicio público que presta teniendo en cuenta otros factores como la avanzada edad de su población, el difícil acceso a las nuevas tecnologías o el voluminoso número de usuarios, lo que hace necesario que el Gobierno de La Rioja defienda la actual estructura y gratuidad del Registro Civil, gestionado por funcionarios judiciales, en lugar de entregarlo a los registradores de la propiedad y mercantiles".

Defensa que debe incluir también "el mantenimiento del empleo público, de todos los puestos de trabajo desempeñados, en la actualidad, por los funcionarios del Registro civil, sin que se produzca ningún tipo de amortización o reducción de efectivos en dicho servicio público".