La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha expresado su satisfacción por la sentencia que anula la compraventa de los bienes de Sijena, al considerar que es un paso "importante" para el regreso de estas obras a la Comunidad autónoma.

"La sentencia pone en evidencia que cuando se toman decisiones con pasos firmes y seguros, con argumentos y pruebas claras, se consiguen estos importantes avances", ha señalado Serrat.

Asimismo, la consejera ha explicado que esta decisión judicial confirma la legitimidad del Gobierno de Aragón para formular la demanda y da respuesta a todos los argumentos planteados por el Ejecutivo, entre ellos que la compra-venta se llevó cabo además sin la preceptiva autorización de las administraciones competentes: el Ministerio de Cultura y la Comunidad autónoma de Aragón.

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca ha dado la razón al Gobierno de Aragón y ha declarado nula de pleno derecho la compra-venta de los bienes del Monasterio de Sijena. Concretamente, se trata de 97 obras de arte del Monasterio de Sijena que la Orden de San Juan de Jerusalén vendió a la Generalitat de Cataluña (1983 y 1992) y al Museo de Arte de Cataluña (1994).

La sentencia, asimismo, indica que la propiedad de dichos bienes corresponde a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena y que deben ser reintegrados al Monasterio de Sijena.

La magistrada avala los argumentos expuestos por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón en su demanda, indicando que esta compra-venta rompe la indivisibilidad de un Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional como es el Monasterio de Sijena.

Importante avance

El Gobierno de Aragón, secundado por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, consigue "este importante avance" para la devolución de los bienes histórico-artísticos del Real Monasterio de Sijena.

Esta demanda, para la nulidad de pleno derecho de estos contratos de compraventas, la interpuso el Ejecutivo aragonés en abril de 2012 después de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la Generalitat de Cataluña. Fue el pasado 27 de febrero, y a la vista de los informes elaborados por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo, cuando tuvo lugar el juicio en Huesca.