El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido que el Consello de Contas dispone de los medios "suficientes" para las nuevas competencias de lucha contra la corrupción que le adjudica la nueva ley registrada por los populares en la Cámara autonómica, que entrará en vigor, según sus cálculos, en este periodo de sesiones, es decir, antes de julio, y con sus auditores reconocidos como "agentes de la autoridad".

En rueda de prensa, tras la reunión de grupo de los lunes, Puy ha esgrimido que, aunque ve "suficientes" los medios del órgano fiscalizador para sus nuevas funciones, el PPdeG no se "cierra" al debate de aumentar su personal si así lo demanda el propio ente. De hecho, ha recordado que en cada ejercicio puede optar por acometer esta solicitud cuando remite a la Cámara su propuesta presupuestaria.

En todo caso, como "opinión personal", ha incidido en que él considera "más importante" que el personal de Contas afronte sus nuevas tareas de lucha contra la corrupción que otras cuestiones. "Si el ente remite anualmente al Parlamento 25 informes y, como consecuencia de la nueva ley, remite 22, yo creo que vale la pena", ha reflexionado.

Al tiempo, ha incidido en que se "refuerza" la independencia del personal, toda vez que se blindan sus condiciones laborales —hasta ahora estaban sometidos a cambios en su puesto de trabajo por el sistema de libre designación— y se prevé el concurso específico como procedimiento habitual para la provisión de nuevas plazas.

En el ejercicio de sus funciones, además, los auditores verán reforzadas sus capacidades mediante el establecimiento de su condición de "agente de la autoridad", mediante la concreción de su derecho a pedir evidencias documentales en cualquier tipo de soporte, y con las obligaciones que se establecen para las personas físicas o jurídicas sujetas a la actuación de control.

Estas últimas, según recoge la proposición de ley registrada por el PPdeG, ven reconocido también en la norma su derecho de audiencia, aunque cesaran en el desempeño del puesto directivo o de trabajo en el ente fiscalizado.

Nuevas competencias

Y es que, entre las principales novedades de esta norma, radica la de que se le atribuyen específicamente a Contas las competencias para la prevención de la corrupción en el ámbito de la actividad económico financiera del sector público autonómico, de acuerdo con lo explicitado, según ha recordado Puy, por varios de los comparecientes en la comisión de prevención contra la corrupción activada en el Pazo do Hórreo.

Así, Contas asume la responsabilidad de colaborar con las administraciones sujetas a su ámbito de actuación en la elaboración de manuales de gestión de riesgos, de comprobar los sistemas de prevención de la corrupción que se pongan en marcha, de asesorar sobre los instrumentos normativos más adecuados para prevenir y reprimir la corrupción.

También se ocupará de fomentar en la sociedad civil, y "particularmente en el ámbito empresarial", la transparencia y el comportamiento ético en sus relaciones con el sector público.

Para ello, se crea una nueva sección en el Consello de Contas, la de prevención de la corrupción, que estará presidida por el conselleiro maior y asistida por todo el personal del Consello.

Reparos en la administración local

Contas también asumirá la competencia de fiscalizar la actividad económico financiera de los partidos que reciban subvenciones en la comunidad, así como la evolución de los bienes patrimoniales de las personas que ocupen altos cargos en el sector público autonómico.

Del mismo modo, se fija un nuevo mecanismo de inicio de los procedimientos de fiscalización a través de denuncias remitidas por la ciudadanía o asociaciones con personalidad jurídica, a fin de fomentar la participación ciudadana en la prevención y represión de la corrupción, extremo que, en ningún caso, según Puy, se traducirá "en una caza de brujas".

La propuesta popular también abre la vía para que el Consello, a petición de los órganos competentes, pueda emitir informes facultativos que unifiquen los criterios que permiten levantar los reparos que en el ámbito de la administración local y en materia económico financiera se puedan presentar. Una competencia que, en artículo adicional y respecto de las materias jurídicas, se le atribuye en la ley al Consello Consultivo.

Frente a la creación en otras comunidades, como Cataluña, de una oficina específica anticorrupción, el portavoz del PPdeG ha defendido las ventajas de que asuma esta tarea el órgano que mejor conoce las unidades de gasto autonómico y también el hecho de que se evitan costes adicionales ligados a nuevos entes.

Transparencia para los conselleiros

Al margen de sus nuevas competencias anticorrupción y de "reforzar" la independencia de los auditores, Puy ha destacado que los populares también aspiran a optimizar la capacidad fiscalizadora de Contas, de forma que se fija que los candidatos propuestos para este ente deberán comparecer previamente en el Parlamento.

También se someterá a los conselleiros al mismo régimen de transparencia que a los miembros del Consello de la Xunta, lo que supone implícitamente hacer públicos sus bienes. Del mismo modo, los conselleiros, en cuanto responsables de los departamentos sectoriales que realizan los informes, pasarán a ser nuevos órganos dentro de la estructura del Consello.

Remisión de cuentas y sanciones

Como tercer pilar de la norma, Puy ha destacado que introduce instrumentos de colaboración con otras administraciones, empezando por el Parlamento. Así, el Consello pasa a ser la institución asesora de la cámara legislativa en materia económico financiera y asume la competencia de responder a las consultas que se le planteen sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos autonómicos, así como sobre los proyectos normativos que afecten a los ingresos y gastos.

La fecha de la remisión al Consello de Contas de la cuenta general de la Comunidad se adelanta y queda fijada en el 30 de septiembre, mientras que las entidades locales deberán remitir las cuentas de cada ejercicio directamente en la misma fecha que la legislación estatal reguladora de las haciendas locales establezca para la remisión de sus cuentas de cada ejercicio al Tribunal de Cuentas.

También se modifica el apartado de sanciones que recoge que si hay incumplimiento de los requerimientos efectuados, Contas podrá imponer multas hasta la cuantía de un mes de sus haberes a los funcionarios, y para los particulares hasta la cantidad de 600 euros, por la primera vez, y de hasta dos meses o 6.000 euros, respectivamente, en caso de reincidencia.

Por otra parte, con el reto de una mejor cooperación con el Ejecutivo y con un enfoque de "auditoría única", se crea una Comisión Mixta formada por representantes de Contas y la Intervención Xeral de la Comunidad.

Por último, se reconoce la capacidad del pleno del Consello para suscribir protocolos o convenios de colaboración con otros órganos de control externo o con entidades públicas o privadas "siempre con la finalidad de mejorar el ejercicio de sus funciones", y se permite actualizar, de acuerdo con las nuevas disponibilidades tecnológicas, los medios de comunicación y publicación empleados por el órgano fiscalizador.