Juzgan a partir del miércoles a un presunto miembro de RG por colocar un artefacto en Vigo

La etarra Itziar Alberdi se enfrenta a 128 años de cárcel por enviar una carta bomba al Ministerio de Justicia que mató a tres 'tedax'

La Audiencia Nacional juzgará desde el próximo miércoles al presunto miembro de Resistencia Galega Carlos Calvo Varela, que se enfrenta a una petición de pena de 16 años de cárcel por colocar un artefacto explosivo en una entidad bancaria de Vigo (Pontevedra).

Los hechos se produjeron en la madrugada del 10 de octubre de 2011 cuando, según el escrito provisional de acusación del fiscal Carlos Bautista, el hombre situó la bomba, compuesta por perclorato potásico y azufre, en la entrada de la sucursal que Novacaixagalicia tenía en la plaza Alameda Suárez Llanos de la ciudad pontevedresa.

Calvo Varela, a quien se atribuye un delito de integración en organización terrorista y otro de tenencia de explosivos, llevó a cabo su acción ocultando su rostro, conforme apunta el escrito del fiscal, que explica que de esta manera evitaba ser reconocido en las imágenes que la cámara de seguridad del establecimiento grababa de forma continua.

El artefacto, que estaba dentro de un recipiente similar a un termo y disponía de un reloj y un conector eléctrico, tuvo que ser detonado por los TEDAX, lo que evitó que se produjeran daños materiales o personales.

En febrero pasado el Tribunal Supremo rebajó de 12 a siete años de cárcel la condena que había impuesto a Calvo Varela por entregar un artefacto explosivo a su compañero Xurxo Rodríguez que iba a ser utilizado en un atentado contra una sede del Partido Popular (PP).

Paquete bomba en justicia

La Audiencia Nacional también juzgará el próximo jueves a la etarra Itziar Alberdi por remitir, junto al también terrorista Joseba Urrusolo Sistiaga, un paquete bomba a la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid, que causó la muerte a tres miembros de los Tedax de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron el 25 de junio de 1991 y la Fiscalía solicita una condena de 128 años de cárcel.

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