La Fiscalía ha rebajado la acusación contra el exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza, y el exprimer teniente de alcalde Miguel Angel Rodríguez López 'KyK', para los que ya no pide un año de prisión por el alquiler irregular de dos lonjas, sino sólo penas de inhabilitación especial para cargo público, en concreto nueve años para Muguruza por un delito continuado de prevaricación administrativa, y siete años y nueve meses por prevaricación a 'KyK' como cooperador necesario.

En la recta final del juicio que se ha celebrado este lunes y este martes en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones y ha suprimido el delito de tráfico de influencias del que les acusó inicialmente.

La Unión, que ha ejercido la acusación popular, ha mantenido su postura inicial y ha pedido una condena de 14 años y nueve meses de inhabilitación especial para Muguruza por dos delitos de prevaricación continuada y un año de prisión y siete de inhabilitación para 'KyK' por tráfico de influencias y prevaricación.

Mientras tanto, las defensas han pedido la libre absolución de Muguruza y Rodríguez López, la imposición de las costas a la acusación popular, y el levantamiento de las trabas sobre los bienes y derechos de los acusados.

En su declaración final, Muguruza ha recalcado que no conocía al propietario de la nave que alquiló el Ayuntamiento para los bomberos, que "no cerró ningún trato comercial" en la reunión que mantuvo con él "y desde luego no obtuve ningún beneficio personal". Ha vuelto a defender la gestión del equipo de Gobierno destacando que todo respondía a una "lógica interna", que era resolver el problema de los bomberos.

Y en este sentido, ha asegurado que la decisión sobre las lonjas "no fue caprichosa en ningún momento" ni resultó "injusta", ni en términos económicos ni para los ciudadanos. "Si para solucionar los problemas municipales se hiciera solo con leyes y técnicos municipales, no necesitaríamos políticos ni democracia", ha dicho el exalcalde visiblemente emocionado, mientras 'KyK' no ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra.

Reparos del interventor

El fiscal, que ha retirado la acusación por tráfico de influencias al estimar que no concurren los elementos objetivos necesarios, ha censurado que el equipo de Gobierno tuvo cinco años -desde su llegada en 2003 a 2008- para regularizar la situación del contrato de alquiler de la lonja del polígono de La Tejera aneja a la de los bomberos y no lo hizo, pese a los reparos dictados por el interventor en los que ordenaba el inicio de un expediente de contratación.

El fiscal percibe especialmente como una conducta "prevaricadora" en el contrato de 2007, que estuvo precedido por un reparo en el que el interventor advierte que ya no es una contratación menor porque el importe aumentaba un 25%. El representante del Ministerio Público ha recordado que según la legislación del momento, el contrato directo no podía exceder de 12.000 euros ni durar más de un año.

Sobre la lonja que el Ayuntamiento alquiló posteriormente a De los Arcos para trasladar allí a los bomberos, el fiscal ha denunciado que el expediente administrativo se gestionó de una forma "totalmente irregular", "se ha beneficiado claramente a una persona de forma arbitraria y se ha evitado la concurrencia". "Se ha tratado de dar apariencia de expediente legal y concurrencia pública a algo que se ha dado a un compañero de partido (del PP) y a un amigo", ha dicho el fiscal.

En este sentido, ha señalado que el expediente se inició con una nota manuscrita del concejal de Hacienda al responsable de Contratación, con las características del local a arrendar "definidas de antemano", y con una reunión previa del alcalde con el propietario de la lonja, que al final resultó ser el único que se presentó al concurso.

"contexto delictivo generalizado"

En la misma línea se ha pronunciado la abogada de La Unión, Pilar de la Hera, quien ha denunciado que existía "un contexto delictivo generalizado" en la actividad contractual del Ayuntamiento de Castro Urdiales. La letrada ha hecho hincapié en que en los autos no obra ni un solo informe técnico que avale la idoneidad de ambas lonjas, y que se "armó" un expediente administrativo "burlando" la Ley de Contratos para "favorecer a un amigo" de 'KyK' con el que además compartía militancia.

Para la acusación popular, la resolución "injusta y arbitraria" que justifica el delito de prevaricación es tanto la reunión previa del alcalde en el Ayuntamiento con el propietario de la lonja, como la nota manuscrita del concejal de Hacienda al responsable de elaborar el pliego de condiciones indicando que habían acordado adjudicar el contrato a De los Arcos.

Por su parte, la abogada de 'KyK', María Revenga, ha defendido que la tramitación del expediente fue "legal", que su defendido ni estuvo en la reunión con el propietario del local, ni formó parte de la mesa de contratación, ni trató de ejercer ningún tipo de influencia sobre sus miembros.

Y sobre todo, que la nota manuscrita está "alterada" y se ha "manipulado" la fecha, que según ha dicho, no es de agosto de 2005, sino posterior a la Junta de Gobierno Local de noviembre de ese año que aprobó la adjudicación. Asimismo, considera acreditada la necesidad de alquilar otra nave para los bomberos, y ha reconocido que no había informe técnico, pero "eso es una irregularidad administrativa", ha concluido.

La defensa del exconcejal de Hacienda ha pedido a la jueza que, en caso de dictar sentencia condenatoria, aplique la atenuante de dilaciones indebidas por tratarse de una investigación que comenzó en 2008.

El abogado de Muguruza, David Ortíz, se ha remitido a los argumentos de su compañera respecto al local de los Arcos, y respecto al del polígono de La Tejera, ha asegurado que se intentó regularizar una situación previa. En este sentido, ha recordado que no era una contratación 'ex novo', sino que el contrato se venía renovando desde 1997.

Asimismo, ha afirmado que el alcalde actuó "en todo momento a instancias del asesoramiento del secretario en funciones" y decidió levantar los reparos en función del principio de enriquecimiento injusto".

El entonces secretario en funciones, José Antonio Gutiérrez, ha declarado que estaba de acuerdo con el interventor en que todo gasto sin consignación es ilegal, pero que la doctrina contencioso administrativa establece que un servicio realizado se tiene que abonar, "sin excluir las responsabilidades allí donde las haya".

En su testimonio final, Muguruza ha insistido en que se hicieron "las dos cosas que se podían hacer" para dar solución al problema de los bomberos, "iniciar un procedimiento de contratación" (el del local de los Arcos), y mientras hacer un parque de bomberos definitivo y mantener a los bomberos "donde se podían mantener" (en en el polígono de La Tejera, en la nave de Ochandía, cuyo contrato había finalizado y para no desalojar a los bomberos utilizaba la lonja anexa objeto de este juicio).