El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva en funciones, José Fiscal, ha mostrado su respeto y colaboración con la justicia tras la detención del delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya.

Por su parte, la Junta ha decidido apartar de sus funciones a Eduardo Muñoz y a su homóloga en Sevilla, Aurora Cosano, detenidos ambos por la Guardia Civil en el marco de la citada operación, aunque ha querido dejar claro que las considera personas "honestas e íntegras" y ha pedido respeto a su "presunción de inocencia".

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Miguel Ángel Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno en funciones tras las elecciones autonómicas del pasado domingo.

Tras señalar que el Gobierno andaluz "no conoce los detalles de la operación", sino únicamente la "información publicada en los medios de comunicación", Vázquez ha explicado que, aunque la Junta respeta la "presunción de inocencia" y está "convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras", ha decidido "apartarlos de sus funciones" porque es necesario "actuar de manera implacable" con el objetivo de "preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía".

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Otros detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.

Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos exdirectores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, exdirectores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.