La Audiencia Provincial de Córdoba celebra este martes la vista oral del procedimiento que ha abierto para resolver sobre el recurso planteado por la sociedad Globalaeronautic contra el auto del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba mediante el que le retiró, el pasado verano, la adjudicación de Laboratorios Pérez Giménez.

Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso, en la vista de este martes Globalaeronautic defenderá que le fue retirada la adjudicación de la farmacéutica cordobesa en concurso de acreedores, tras haber depositado una fianza de un millón de euros como parte del precio de compra, sin que se tuvieran en cuenta por parte del Juzgado de lo Mercantil sus alegaciones respecto a la actuación de los administradores concursales.

Así, el argumento de Globalaeronautic, ya esgrimido y rechazado por el Juzgado de lo Mercantil, es que no firmó el pasado julio las escrituras de compra los laboratorios porque los administradores concursales habían modificado unilateralmente, a su juicio, las condiciones establecidas por el propio juzgado para la adjudicación.

Por otro lado, la actuación de los concursales también sigue siendo cuestionada en el ámbito judicial por los representantes sindicales de los ya extrabajadores de Pérez Giménez, pues este lunes han presentado sendas nuevas denuncias contra la Administración Concursal, que se suman a la que ya presentaron ante la Fiscalía los sindicatos UGT y CTA contra los concursales por no haberles facilitado aún la documentación que precisan para cobrar sus indemnizaciones y solicitar prestaciones por desempleo.

Ahora, según han informado UGT y CTA en un comunicado conjunto, han solicitado al Juzgado de lo Mercantil "la separación de la Administración Concursal", basando esta solicitud, entre otras razones, "en la dilatación excesiva de la fase de liquidación" del concurso de Pérez Giménez, "que comenzó el 18 de abril 2013, según auto del Juzgado Mercantil, con el consiguiente perjuicio de los trabajadores", que siguen sin cobrar las hasta 33 nóminas que se les adeudan y que tampoco pueden cobrar el paro, por la "negligente gestión" de los concursales y por el "incumplimiento" de sus obligaciones.

Junto a ello, UGT y CTA han denunciado ante la Fiscalía Provincial, "según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que los concursales, desde 2011 (año en que entró Pérez Giménez en concurso de acreedores) y "en el desarrollo de sus responsabilidades", han incurrido "en una serie de hechos cuya gravedad consideramos puede alcanzar relevancia penal".

En este ámbito sitúan los sindicatos que los concursales cobrasen en diciembre de 2011, "con cargo a los créditos contra la masa, la primera parte de sus honorarios", para lo cual lograron "autorización un mes más tarde, según de Auto del Juzgado de lo Mercantil número uno, de fecha 09 enero de 2012", pero, según señalan UGT y CTA en su denuncia, "esta resolución, sin embargo, autorizaba al cobro de una cantidad menor de la que fue auto-abonada por los administradores concursales, que concretamente y sobre los límites expresados en dicho auto cobraron en torno a 63.000 euros más de la cantidad que más tarde fuera autorizada por el juzgado".