El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, ha recibido este viernes a la presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, a quien ha trasladado la intención del Ejecutivo de otorgar la máxima distinción regional a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia con el objetivo de "reconocer su memoria y dignidad".

Se trata de 50 medallas con las que el Gobierno del presidente Garre quiere rendir homenaje a las víctimas fallecidas, secuestradas o que hayan sufrido daños físicos y/o psíquicos, así como secuelas de cualquier tipo como consecuencia de actos terroristas cometidos en el territorio regional. El 90 por ciento de ellas corresponden a atentados de la banda terrorista ETA, 17 personas fallecidas y 33 heridas.

Las medallas se entregarán en las próximas semanas durante la celebración de un acto específico con motivo de una exposición itinerante que esta asociación traerá a la Región, según ha confirmado Ángeles Pedraza, que ha estado acompañada del consejero y del delegado en Murcia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera y José Nicoll, respectivamente, así como el consejero de Presidencia y Empleo, José Gabriel Ruiz.

El Gobierno regional propuso la modificación del artículo 1 de la Ley 7/1985, de 8 de noviembre de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la Comunidad para añadir dos nuevos apartados, uno de ellos sobre la creación de la Medalla a las víctimas del terrorismo de la Región de Murcia y otro en el que se crea la Medalla de reconocimiento en la lucha contra el terrorismo de la Región.

La primera de estas medallas se otorga para reconocer la memoria y la dignidad de aquellas víctimas que hayan sufrido las consecuencias de actos terroristas cometidos en el territorio regional, o en cualquier otro lugar del territorio español o extranjero, siempre que en este caso ostenten la condición de murciano en el momento de la comisión del acto terrorista.

El objetivo de la segunda medalla es rendir homenaje a entidades, instituciones y personas físicas o jurídicas que hayan realizado o realicen notorias actividades dirigidas a paliar las consecuencias negativas que los actos terroristas hayan producido en las víctimas o en sus familiares, o que en los momentos inmediatamente posteriores al atentado hayan auxiliado a éstas mediante actuaciones meritorias de carácter singular que impliquen riesgo notorio, solidaridad excepcional o que superen el estricto cumplimiento de sus obligaciones.